MOVUS

 Comunicado de prensa

La firma del contrato Arazatí: un riesgo que no podemos ignorar

 

Diversas organizaciones ambientales y sociales alertamos sobre los graves riesgos que implica la firma del contrato para el Proyecto Arazatí - Neptuno, una iniciativa que genera serias preocupaciones en materia legal, ambiental y de derechos humanos.

 

Esta iniciativa se presenta como una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana, sin embargo no existe consenso sobre la seriedad y la eficacia de dicha solución. Quienes defienden y promueven el proyecto hoy en día son el consorcio Aguas de Montevideo, el actual presidente Luis Lacalle Pou y el Ministerio de Ambiente que desde los inicios ha actuado como fiel promotor, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país.

 

Mientras el sector agrícola, agropecuario, la academia, representantes políticos de todos los partidos, reconocidas cientificas/os nacionales e internacionales alertan sobre el grave impacto que significa el proyecto para el país, cuestionando empírica y científicamente su factibilidad y viabilidad, el Presidente en curso anuncia que la firma del contrato está por realizarse, todo esto en medio de la transición política en la que constituye en un tema central por su importancia estratégica y por la enorme inversión que implica.

 

Consideramos que es imprudente realizar la firma cuando el proyecto tiene:

 

1. Observaciones legales sin resolver

El Proyecto Arazatí enfrenta actualmente observaciones en la justicia que aún no han sido definidas. A pesar de esta situación, se busca avanzar en la firma del contrato, una decisión que podría comprometer la economía del pais y exponer a sus ciudadanos a consecuencias imprevisibles.

 

2. El Río de la Plata: una fuente insegura de agua potable

Utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización. Esta propuesta pone en duda la seguridad hídrica de la población y podría generar costos operativos insostenibles. Ademas el RDLP es inseguro para la salud humana, y no tiene jurisdicción para el manejo de su cuenca que cubre 5 países.

 

3. Inconstitucionalidad  privatización del agua

El contrato Arazatí pretende ceder parte de la gestión del agua a una empresa privada el consorcio Aguas de Montevideo, un acto que viola principios fundamentales de la Constitución Nacional. El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable.

 

4. Amenaza para el Acuífero Raigón

La ubicación del Proyecto Arazatí representa un foco de contaminación para el Acuífero Raigón, una de las principales reservas de agua dulce del país. Este riesgo podría comprometer la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona, puesto que es también fuente de riego para este sector.

Desde nuestras organizaciones, hacemos un llamado urgente a la reflexión y a la acción: no se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente. Invitamos a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir transparencia sobre un proyecto que afecta a todos los uruguayos.

 

Nodo Acá el Neptuno No, Agrupación Tucu Tucu de San José, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, Sin Pavimento, Eco Franciscanas, Red Union Grupos de la Costa, Movimento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

AGUA POTABLE

¿QUIÉN DECIDE ACERCA DEL AGUA POTABLE DE NUESTRO PAÍS?

Elemental Watson

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org/

Todo período democrático de gobierno –el establecido entre elecciones para votar (gobierno, precisamente) puede y debe dividirse, o particionarse, entre el tiempo en que el gobierno de turno tiene el futuro abierto y el período en que mantiene las funciones pero ya ha sobrevenido sucesor, es decir luego de realizado el acto eleccionario para el nuevo período de gobierno.

Normalmente, el primer período es el más largo y el que se puede considerar propiamente de gobierno y en el ritmo uruguayo actual excede largamente los cuatro años y medio. El segundo tramo o período, es el que ejerce el gobierno –que se puede designar como “de salida”− cuando ya se han realizado las elecciones y se mantiene en funciones hasta el “cambio de mando”.

En Uruguay, con cierta lentitud que algunos confunden con aplomo, se trata de unos cuatro o cinco meses. Casi medio año. En otros países, la transición es, con lógica, más rápida; en Argentina, no llega a dos meses y en algunos casos, mediando balotaje, apenas pocas semanas; en Suecia, el gabinete se reconstituye tras elecciones, cada tres años, en cuestión de semanas; en EE.UU. −lo estamos viendo−, ese período es de unos dos meses.

Lo de Uruguay, no será por la vastedad del territorio y menos todavía por su envergadura poblacional…

Si en el período principal es el gobierno el responsable de las decisiones, de sus decisiones, en el período que designamos como “de salida”, la responsabilidad de gobierno cambia de carácter, sobre todo si el gobierno recién elegido no es continuación del vigente.

Cuando un gobierno se encuentra en período de salida, es comprensible que siga ejerciendo el gobierno sobre las actuaciones en curso, las aprobadas. Pero es totalmente nocivo, tóxico, que en ese periodo inaugure proyectos a largo plazo condicionando al gobierno que ya está elegido. Proyectos que insuman años, incluso sobrepasando el período de gobierno que está por asumir, deberían contar con la mayor sustentación…

Si un gobierno, en su período de salida ejerce semejante conducta, por ejemplo, suscribe acuerdos que ya no atenderá y que obligará a atender al siguiente, se puede calificar como un acto de casi usurpación o al menos de abuso –político, institucional−. Como un “golpecillo de estado”, hecho con la picardía que nos es lamentablemente tan −diríamos− constitutiva.

El caso “Neptuno”, antes denominado Arazatí, es un buen ejemplo.

Frente a la crisis del agua de 2023, más rápido que corriendo, una U.T.E. armó un proyecto para proveer de agua a Montevideo y a los uruguayos en general recurriendo a una fuente absolutamente contaminada, ajena a todo tipo de limpieza más o menos natural. Apostando exclusivamente a depurar, filtrar la montaña de detritus que el estuario platense contiene como receptáculo de las corrientes interiores de América del Sur de la cuenca Paraná-Uruguay

(la segunda mayor del continente, detrás de la amazónica). Se trata de corrientes, de ríos, absolutamente “tomados” por la agroindustria basada en contaminantes. Como además, el estuario recibe también agua en sentido contrario, desde el Atlántico, amén de las “agrocontaminaciones”, contiene una salinidad inaceptable para toda potabilización (encima de una carga de contaminantes que los océanos han ido acumulando a causa de la relación que el homo economicus ha ido estructurando con la naturaleza).1

El “remedio” ante este otro obstáculo ha sido presentar un lago suplente, ocupando una buena tajada de terreno cercano a la costa, despojando una vez más tierra arable y apta para actividades pecuarias, como la fruticultura, la agricultura, las crías granjeras o la apicultura, o la ganadería lechera o cárnica. En un país que es un paisito. Donde no sobra tierra. Un lago artificial 2 que técnicos de diversas disciplinas ya han adelantado tendrá todos los inconvenientes del agua estancada; algas tóxicas, cianobacterias…

Ventajoso proyecto empresarial, que le permitiría embolsar a la U.T.E. varios centenares de millones de dólares en unos años de pingües ganancias.

No se puede menospreciar la capacidad empresarial de inventarse tareas. Pero no es eso lo que necesita la sociedad uruguaya, como muchos informes técnicos ya lo han ido señalando.

Uno, brindado a los gobernantes recién elegidos en forma de “Carta abierta” por más de una veintena de investigadores y docentes de cátedras de salud, cuidado ambiental y sanitario; −la “craneoteca” con que cuenta el país en estos aspectos− cuestiona claramente el proyecto. Normalmente, cualquier gobierno tomaría en cuenta semejante dictamen en lugar de aceptar una propuesta empresaria que sabemos movida por el lucro y no por la salud ambiental.3

Que el gobierno saliente, el señor Luis Lacalle Pou, se embandere con semejante oportunidad empresaria revela sus preferencias, una opción ideológica en suma.

En el documento presentado por los investigadores se señala, por ejemplo, una dificultad (diríamos al ritmo de nuestro inolvidable Bartolomé Hidalgo): “la necesidad de implementar procesos de potabilización complejos, actualmente no disponibles en nuestro país, muy costosos y que conllevan riesgos concretos para la salud pública”.

Otro pasaje de la Carta abierta atiende la cuestión de la materia fecal en el estuario platense: “A la contaminación por materia orgánica actual, se suma el aporte del nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo Matanza de Buenos Aires, que colectará efluentes […] de más de 4 millones de personas, adentrándose 12 km en el Río de la Plata. Este emisario se encuentra en las etapas finales de su construcción

https://www.aysa.com.ar/sistema_riachuelo. Como lo afirmó Alem García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP): ‘es una necesidad imperiosa’ que Uruguay realice un monitoreo de las aguas del Río de la Plata luego que el emisor comience a funcionar. El incremento de contaminación fecal en el Río de la Plata (que ya es alta) exigirá tratamientos de cloración más importantes. Esto, sumado a la presencia de materia orgánica en el estuario, aumenta el riesgo de formación de sustancias de reconocida toxicidad.”

Remitimos al lector curioso a la lectura de toda la Carta Abierta y a incursionar en las observaciones que han planteado diversos vecinos y referentes de la sociedad civil de la zona del proyecto; Arazatí, Ecilda Paullier, Rafael Perazza.

El episodio nos está mostrando la ligereza con que se toman decisiones de enorme trascendencia basadas en argumentos que empresas no desinteresadamente formulan.

Somos un país que nos tragamos una gasificadora que no anduvo, un aerocarril que se hundía en el mar entre la isla de las Gaviotas y la costa montevideana, un proyecto celulósico que definieron otros… como aceptando sin reflexión cualquier “volada”. Y si “nos salvamos” del proyecto Aratirí, de extracción de hierro, no fue por nuestra capacidad de resistencia, sino porque la empresa Zamin Ferrous, que lo patrocinaba, lo desechó por escasa rentabilidad.

 ¿Vamos a seguir las iniciativas provengan de donde provengan, aceptando temperamentos, intereses, proyectos ajenos?□