MOVUS

 Comunicado de prensa

La firma del contrato Arazatí: un riesgo que no podemos ignorar

 

Diversas organizaciones ambientales y sociales alertamos sobre los graves riesgos que implica la firma del contrato para el Proyecto Arazatí - Neptuno, una iniciativa que genera serias preocupaciones en materia legal, ambiental y de derechos humanos.

 

Esta iniciativa se presenta como una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana, sin embargo no existe consenso sobre la seriedad y la eficacia de dicha solución. Quienes defienden y promueven el proyecto hoy en día son el consorcio Aguas de Montevideo, el actual presidente Luis Lacalle Pou y el Ministerio de Ambiente que desde los inicios ha actuado como fiel promotor, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país.

 

Mientras el sector agrícola, agropecuario, la academia, representantes políticos de todos los partidos, reconocidas cientificas/os nacionales e internacionales alertan sobre el grave impacto que significa el proyecto para el país, cuestionando empírica y científicamente su factibilidad y viabilidad, el Presidente en curso anuncia que la firma del contrato está por realizarse, todo esto en medio de la transición política en la que constituye en un tema central por su importancia estratégica y por la enorme inversión que implica.

 

Consideramos que es imprudente realizar la firma cuando el proyecto tiene:

 

1. Observaciones legales sin resolver

El Proyecto Arazatí enfrenta actualmente observaciones en la justicia que aún no han sido definidas. A pesar de esta situación, se busca avanzar en la firma del contrato, una decisión que podría comprometer la economía del pais y exponer a sus ciudadanos a consecuencias imprevisibles.

 

2. El Río de la Plata: una fuente insegura de agua potable

Utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización. Esta propuesta pone en duda la seguridad hídrica de la población y podría generar costos operativos insostenibles. Ademas el RDLP es inseguro para la salud humana, y no tiene jurisdicción para el manejo de su cuenca que cubre 5 países.

 

3. Inconstitucionalidad  privatización del agua

El contrato Arazatí pretende ceder parte de la gestión del agua a una empresa privada el consorcio Aguas de Montevideo, un acto que viola principios fundamentales de la Constitución Nacional. El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable.

 

4. Amenaza para el Acuífero Raigón

La ubicación del Proyecto Arazatí representa un foco de contaminación para el Acuífero Raigón, una de las principales reservas de agua dulce del país. Este riesgo podría comprometer la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona, puesto que es también fuente de riego para este sector.

Desde nuestras organizaciones, hacemos un llamado urgente a la reflexión y a la acción: no se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente. Invitamos a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir transparencia sobre un proyecto que afecta a todos los uruguayos.

 

Nodo Acá el Neptuno No, Agrupación Tucu Tucu de San José, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, Sin Pavimento, Eco Franciscanas, Red Union Grupos de la Costa, Movimento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)