jueves, 23 de enero de 2025

desigualdad ante la ley

 22 ene 2025 / 

Aplicando el sagrado principio de desigualdad ante la ley

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org

El 7 de octubre de 2023 se rehizo la agenda de nuestras sociedades. La informativa, la política, la militar, la cultural, la ética.

A causa de la enorme circulación de la info por todo el planeta, buena parte del conocimiento de los acontecimientos –no todos− circula a menudo simultáneamente, o casi, con lo acontecido.1

¿Qué nos significa ver matar de a centenares, de a miles, a civiles, adultos, niños?, ¿desfilar ante nuestros ojos la destrucción edilicia de toda una ciudad, bombardeadas sus instalaciones sanitarias, alimentarias, de transporte, sus redes de agua estalladas y humanos atrapados por doquier en los escombros?

Enterarnos de la política fríamente calculada de impedir el acceso de agua y alimentos a población cercada con evidentes signos de necesidad, bebés muriendo por falta de líquidos, de alimentos, por hipotermia…

La pregunta que acabo de formular no se refiere al copamiento guerrilleril desencadenado por Hamás en la madrugada de ese día, tan cruento (porque se estima que en el cuartel regional que Israel había erigido en la Franja de Gaza, fueron “ajusticiados” decenas, probablemente cientos de policías o militares; algo que por sus dimensiones no tiene precedentes en la lucha establecida por los palestinos resistiendo el asentamiento “packman” sionista, adueñándose de Palestina, ni siquiera en episodios durante la huelga insurreccional de 1936-1939, con una violencia bastante generalizada.

Tampoco nos referimos al intento casi simultáneo de toma de rehenes para canjear por los numerosos palestinos presos, a menudo “administrativamente”, sin delito a la vista, que otros grupos palestinos clandestinos (o el mismo Hamás) llevaron adelante esa misma mañana tras el copamiento guerrillero, y que tuvo varios desenlaces trágicos, porque la población israelí suele estar armada, y el intento de tomar rehenes significó a veces la muerte de los secuestradores, a veces la de los victimados (aun así, el volumen de la toma de rehenes transportados “con éxito” a la Franja tampoco tuvo precedentes; se contó 240).

Tampoco nos referimos a la versión oficial israelí, que habló de 1400 judíos asesinados ese día –guarismo que ni lejanamente ha podido ser verificado por periodistas de investigación− (y que el gobierno luego redujo ligeramente a 1300, porque descontaron los palestinos matados durante la reacción israelí), versión que incluía bebitos asados, mujeres desventradas, senos de mujer convertidos en pelotas y demás “relatos” propios de la fábrica de “información” a la que el sionismo y corrientes afines nos tiene acostumbrados.

No nos referimos entonces a ese inusual y violento operativo guerrillero palestino, sin precedentes, con un alto nivel de vidas perdidas (judías y palestinas). Ni siquiera a la muy criticable política de tomar en frío rehenes.

La demora de 6 horas, casi 7, que insumió la reacción o el contraataque israelí, ha hecho pensar a muchos que se trató de un operativo tipo “Pearl Harbor”, para que funcione con éxito político y mediático2 la “respuesta de los (presuntamente) atacados”. Y poner así en marcha, la doctrina Hannibal.

A lo que nos referimos es al desafío que plantea a nuestra sociedad y a su tejido cultural la reacción del Estado de Israel ante la incursión violenta de Hamás, Yihad, etcétera.

Indudablemente, el régimen sionista venía, desde 2006 “apretando los torniquetes” sobre la FdG de un modo cada vez más inhumano, alcanzando un grado de intromisión y crueldad pocas veces registrado: casi veinte años regulando a la baja todo alimento, saboteando todas las instalaciones de agua, dificultando su potabilidad, contaminando las tierras (otrora de agricultura ejemplar), dificultando toda actividad sanitaria, médica, quirúrgica; casi veinte años obligando a la población a caminar dentro de corredores de rejas a veces tan ceñidos que ni erguidos algunos podían ir, veinte años de abusos cotidianos, de vejaciones, como dejar a una mujer con dolores de parto en una barrera “de control” hasta finalmente tener que parir allí mismo, con o sin asistencia, detrás de alguna planchada de cemento, animalizada por la vista hostil de la guardia de “la autoridad ocupante”.

Este proceso lleva más de un siglo. Pero como con los círculos del Infierno del Dante, ha ido reconociendo agravamientos.3

Aunque casi se podría haber sospechado este desenlace si tenemos en cuenta que los sionistas asesinaron en 1924 a un judío, poeta, que se negó a cortar el diálogo que como miembro de la comunidad judía mantenía con palestinos árabes, probablemente musulmanes, o que en plena década del ’30, cuando el nazismo ya había puesto fuera de la ley a casi todo el abanico político nacional (sometido a expulsiones sumarias o a campos de concentración a socialistas, comunistas, anarcosindicalistas, cristianos, judíos), los sionistas mantenían sus órganos de difusión bregando por su establecimiento en Palestina, tolerándose mutuamente y hasta confraternizando sionistas y nazis, organizando un plan de conveniencia mutua para exportar bienes industriales alemanes al Cercano Oriente: a los judíos se les confiscaba sus ahorros en el 3er Reich a cambio de maquinaria que a su vez podían colocar los sionistas en los países del Cercano Oriente y reembolsarse así los fondos confiscados.4

Durante estos casi veinte años (con la promesa del “carnicero” Ariel Sharon de hacerles la vida imposible) el “tratamiento tipo” ha sido siempre el mismo: responder a una demanda −como la Marcha por la Tierra, llevada adelante en 2018 y 2019 sin palos ni piedras, con solo pancartas, y miles de gazatíes hambrientos− con balas certeramente alojadas en los ijares de los manifestantes. Y cuando se acumularon los muertos desangrados, el jefe de los francotiradores israelíes advirtiendo el daño mediático de asesinar fríamente a tanta gente desarmada –oficial de “el ejército más moral del mundo”− ordenó cambiar de blanco; a los tobillos, para no generar muertos sino lisiados (que recargarán lógicamente a la población “vasallo”).

La Marcha por la Tierra tuvo en Yahya Sinwar uno de sus promotores. Sin disparar no ya una bala, ni siquiera piedras, los palestinos “cosecharon” centenares de muertos e incontables tullidos.

Ésa es la contabilidad sionista de los cuerpos.

Se trata de algo que entendemos sin precedentes. Una violencia tan excesiva, desmesurada ante una demanda, ¿Cómo enmarcar lo que está pasando, tanto en la historia de la relación palestinos-sionistas, como en nuestra propia historia, particular, y, por último, como humanidad?

Al mismo Sinwar se le atribuye –años después−el plan del copamiento del cuartel israelí en Gaza y de la toma de rehenes en zonas próximas a la franja. ¿Se le puede criticar su adopción de operaciones violentas?

Frente a la hipótesis de la celada tendida también es cierto que los humanos maltratados, exprimidos, basureados, vilipendiados, aherrojados hasta el límite de sus fuerzas, ensayan intentos de “tomar el cielo por asalto”:

−Aníbal el cartaginés llegó a poner en riesgo el poder romano, por entonces inmenso; −Tupac Amaru hizo trastabillar el poder hispano colonial sudamericano;

−y la República de Palmares –“apenas” negros esclavos fugitivos− resistió más de un siglo en el corazón del Mato Groso contra la economía esclavista portuguesa en pleno siglo xviii, y fue finalmente vencida sólo cuando Portugal envió un ejército estimado en 120 mil hombres…

Yahya Sinwar resultó primera prioridad como objetivo del ejército sionista al serle atribuida toda la ingeniería del 7 octubre, acusándolo de lo peor. Sin embargo, su historia personal abrió la interrogante: ¿se puede abusar sin límites del poder sobre otros humanos (y encima atribuirse el derecho a calificar la calidad de su comportamiento)?

Entiendo que, inevitablemente, tenemos que mirar hacia atrás. Y hacia adentro, porque este conflicto lleva más de un siglo. Y porque también es cierto “que no hay nada nuevo bajo el sol”.

Entre los momentos claves para inteligir este conflicto, el final de la IIGM es clave y me permito remitir al lector a, por ejemplo, a mi artículo “El estado mundial: lo que nos ofrecen los dueños del mundo”, 2 noviembre 2022, https://revistafuturos.noblogs.org/.

Con el colapso soviético, pudimos visualizar otro momento clave incidiendo en el drama palestino-israelí.

Los núcleos dirigentes occidentales, armados del aparato represivo norteamericano constituido en policía planetaria5 reverdecieron con la expansión de los proyectos hegemónicos al fin de la IIGM. En particular, los miembros de los “5 Ojos”.6

Los ‘90 disiparon dudas y permitieron visualizar lo que un paper de intelectuales orgánicos de la élite intelectual de EE.UU. tituló: “A report of the Project for the New American Century”, setiembre 2000. En él se analiza las posibilidades y las potencialidades de las “defensas militares” de EE.UU.7

Junto con esta remilitarización que registramos con el nuevo siglo, vemos la prédica, invertida, de la paz, la defensa y muy particularmente, del mantenimiento del orden. Lo que, invocaba machaconamente, Joe Biden con su consigna: “el orden basado en reglas”. Aunque el fraseo bideniano no nos impedía ver “la guerra” en muchas, demasiadas partes del mundo, a menudo expandiéndose.

¿Qué entendíamos con la frase tan remanida por Biden?

El sentido común nos decía que todos deben seguir las mismas reglas, que no debe (ni puede) haber reglas para unos y no para otros, o que pueda haber reglas diferenciadas para cada quien; los blancos pueden pasar, los negros, no; los hombres pueden pasar, las mujeres, no; los ricos pueden… ¡Oh, no! eso sería inimaginable. E inadmisible.

Pues bien: no era aquello lo que decía Biden. Biden decía rotundamente: un orden basado en reglas consiste en que unos tienen que seguir unas reglas y otros, no.

Lo explica en muy pocas palabras un investigador chino de la República Popular, Hua Bin: “un orden basado en reglas, también conocido como la hegemonía de EE.UU. sobre los otros.” 8

Porque Biden, más allá de sus dificultades cognitivas, tiene que haberse enterado de las puntualizaciones que Lindsey Graham, un senador estadounidense de “la pesada”, tuvo que tomarse el trabajo de puntualizar.

Graham funge como senador desde hace más de dos décadas. Y es un puntal de AIPAC, el lobby judeosionista que respalda financieramente a más de las tres cuartas partes de los miembros de la Cámara de Representantes y presumiblemente, en la misma proporción, a la de Senadores.9

Este “cuadro de situación” de “la fábrica de leyes” de EE.UU., mediante la cual Israel ejerce, a través de AIPAC, pero no solamente, un ceñido control de esa presunta superpotencia en cuestiones claves, es determinante. Resoluciones, dictámenes, leyes que provienen de cuerpos políticos tan penetrados por la labor de lobby, constituyen un estado de situación, heterónomo, que hemos ido viendo amplificarse y profundizarse con el paso de los años, de las décadas.

Y esa heteronomía es la que explica porqué EE.UU. ha cometido y comete tantos errores, ha ingresado en tantas situaciones sin salida: es tarea muy difícil satisfacer objetivos de otros sin pagar los platos rotos del asunto. En una palabra: ser chirolita no es tarea sencilla, ni siquiera cuando se trata de un “chirolón”.10

Con el ataque insoslayablemente genocida de Israel a la población gazatí desde el mismísimo 7 oct. 2023, llevándolos una vez más, como alguna vez prometiera “el carnicero” Ariel Sharon a “la edad de piedra”, pese a presentarse como respuesta democrática a la violencia árabe, han surgido voces criticando y condenado con mucha (y merecida) indignación la matanza, lo abyecto de la matanza: la relatora de la ONU, Francesca Albanese, el rabino antisionista Yakov Rabkin, el gobierno sudafricano, periodistas como Ali Abunimah, palestino, Philip Weiss, judío, y otros, como Jonathan Cook, Kevin Barrett, Christian Hedges, Ariel Umpiérrez, y tantos, tantos otros.

Sabemos que solo en el diminuto territorio gazatí más el de Cisjordania y Jerusalén oriental ocupados por Israel, han muertos más periodistas en estos pocos últimos años que en los seis de toda la IIGM en el mundo entero. Se estiman centenares. Cifras así de escalofriantes corren también para el personal sanitario; médicos, enfermeros, camilleros… todos fríamente ejecutados por el Estado de Israel.

Hasta desde la mismísima ONU, en un tiempo la amanuense de EE.UU.11 ha brotado la crítica y la condena al comportamiento israelí en la Franja de Gaza.

Aun así, Biden ha estado insistiendo con su caballito de batalla del orden basado en reglas.

Pero veamos: Lindsey Graham, “nuestro” senador AIPAC, impugnó airadamente las “órdenes” de arresto de la Corte Internacional de Justicia del 21 de noviembre ppdo. contra los dirigentes israelíes, Beniamin Netanyahu y Yoav Gallant, en una conferencia de prensa que brindó en el Hotel King David, en Jerusalén, el 27 nov. ppdo. afirmando: “El Estatuto de Roma no se aplica a Israel, ni a EE.UU., ni a Francia, ni a Alemania, ni a Gran Bretaña,12 porque no fue concebido para actuar sobre nosotros.” 13

Vale la pena repetirlo: “no fue concebido para actuar sobre nosotros”.

¿Por qué Graham explicita el Principio de desigualdad ante la ley? No es por cierto novedoso, pero sí novedosa su descarada exposición; lo que obviaba Biden, nos lo desnuda Graham.

La CIJ había iniciado su impugnación al inicuo comportamiento israelí en enero 2024 presentando una demanda contra el Estado de Israel por genocidio. Una acción iniciada por Sudáfrica, que ha estado contando con el apoyo de varios estados nacionales (aunque lastimosamente pocos) en el mundo entero: Pakistán, Malasia, Turquía, Jordania, Namibia, Colombia, Bolivia, Brasil, Irlanda, Bélgica, Turquía, hasta ahora.14

Pese al terror ideológico que conlleva el latiguillo de “antisemita”, es de esperar que la crudeza de la realidad, a la vista de todos, tenga más fuerza.

Como para probar que estamos mucho peor de lo que imaginamos, que la gangrena ideológica ha ido tomando los más diversos órganos de nuestras sociedades presentes

–periodísticos, judiciales, políticos, académicos, mediáticos− acabamos de experimentar una truculenta verificación −otra− del principio de desigualdad ante la ley (no ha pasado ni dos meses).

En la ceremonia de despedida del saliente ministro de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, de la Sala de Periodistas de la Casa Blanca, el 16 de enero de 2025, poblada por una veintena o más de periodistas, uno de ellos, Max Blummenthal, judío, empezó a preguntar interrumpiendo la alocución ministerial con puntos candentes, acusatorios; ¿por qué tanta

carta blanca a los raids genocidas de Israel en la Franja de Gaza?, ¿por qué tantos suministros de material de guerra altamente ofensivo cuando ni siquiera existe una guerra regular (ejército de ocupación israelí y población palestina asediada, arrinconada, hambreada más guerrilla llevando adelante actos violentos). Blinken eludió responder, prometiendo contestar preguntas (suponemos que en otro momento). Luego de muchos minutos, gritos y forcejeos, Blummenthal fue sacado a pasos semiforzados de la sala.

Recuperada la calma, Blinken siguió su presentación y llegó el momento de las preguntas. Un periodista veterano, de pelo blanco (se sabría después que es de origen árabe), haciendo uso del derecho profesional a las preguntas le inquirió a Blinken muy duramente acerca del genocidio en marcha. Blinken se negó otra vez a contestar, con lo cual estaría cometiendo el-imperdonable-delito de negar el juego democrático, y desmentir su propia promesa al abrir la conferencia, de que cada quien tendría su pregunta para hacer. Pero no sólo eso, sino que tres policías rodearon al periodista, Sam Husseini, y empezaron a desplazarlo a la fuerza.

Husseini se aferraba a los asientos, aclarando que él esperó pacientemente para hacer una pregunta, y en medio del forcejeo siguiò preguntando sobre el papel y el significado de armas nucleares en la Franja de Gaza.

En un momento, con voz ahogada, Husseini le señaló a Blinken: −usted habla de libertad y no me deja formularle ni una pregunta…

Husseini no obtuvo ninguna respuesta, sólo la fuerza bruta transportando a un anciano hacia afuera del recinto que se supone reservado a exponer la información requerida por el periodismo.

Si algo nos alegra es la presencia osada, crítica, de un judío y un árabe ante tanta defección. Si algo lamentamos es el silencio, entre cómplice y abyecto, de tantos otros periodistas allí presentes. Y extrañar la voz crítica de alguien que no sea ni judío ni árabe o palestino.

La Sala de Prensa de la Casa Blanca y su anfitrión Anthony Blinken dio entonces otra prueba concreta del principio de desigualdad que con tanto desparpajo había expuesto el senador Lindsey Graham dos meses atrás en otro territorio –el foyer del histórico Hotel King David, de Jerusalén, volado en 1946 por los aires con palestinos, judíos, ingleses y otros extranjeros allí trabajando u hospedados, dejando un tendal de decenas de muertos a manos del terrorismo sionista.

Lugares donde estas contradicciones, por lo visto, funcionan de maravillas.□

jueves, 16 de enero de 2025

AGUA POTABLE

 ¿QUIÉN DECIDE ACERCA DEL AGUA POTABLE DE NUESTRO PAÍS?

Elemental Watson

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org/

Todo período democrático de gobierno –el establecido entre elecciones para votar (gobierno, precisamente) puede y debe dividirse, o particionarse, entre el tiempo en que el gobierno de turno tiene el futuro abierto y el período en que mantiene las funciones pero ya ha sobrevenido sucesor, es decir luego de realizado el acto eleccionario para el nuevo período de gobierno.

Normalmente, el primer período es el más largo y el que se puede considerar propiamente de gobierno y en el ritmo uruguayo actual excede largamente los cuatro años y medio. El segundo tramo o período, es el que ejerce el gobierno –que se puede designar como “de salida”− cuando ya se han realizado las elecciones y se mantiene en funciones hasta el “cambio de mando”.

En Uruguay, con cierta lentitud que algunos confunden con aplomo, se trata de unos cuatro o cinco meses. Casi medio año. En otros países, la transición es, con lógica, más rápida; en Argentina, no llega a dos meses y en algunos casos, mediando balotaje, apenas pocas semanas; en Suecia, el gabinete se reconstituye tras elecciones, cada tres años, en cuestión de semanas; en EE.UU. −lo estamos viendo−, ese período es de unos dos meses.

Lo de Uruguay, no será por la vastedad del territorio y menos todavía por su envergadura poblacional…

Si en el período principal es el gobierno el responsable de las decisiones, de sus decisiones, en el período que designamos como “de salida”, la responsabilidad de gobierno cambia de carácter, sobre todo si el gobierno recién elegido no es continuación del vigente.

Cuando un gobierno se encuentra en período de salida, es comprensible que siga ejerciendo el gobierno sobre las actuaciones en curso, las aprobadas. Pero es totalmente nocivo, tóxico, que en ese periodo inaugure proyectos a largo plazo condicionando al gobierno que ya está elegido. Proyectos que insuman años, incluso sobrepasando el período de gobierno que está por asumir, deberían contar con la mayor sustentación…

Si un gobierno, en su período de salida ejerce semejante conducta, por ejemplo, suscribe acuerdos que ya no atenderá y que obligará a atender al siguiente, se puede calificar como un acto de casi usurpación o al menos de abuso –político, institucional−. Como un “golpecillo de estado”, hecho con la picardía que nos es lamentablemente tan −diríamos− constitutiva.

El caso “Neptuno”, antes denominado Arazatí, es un buen ejemplo.

Frente a la crisis del agua de 2023, más rápido que corriendo, una U.T.E. armó un proyecto para proveer de agua a Montevideo y a los uruguayos en general recurriendo a una fuente absolutamente contaminada, ajena a todo tipo de limpieza más o menos natural. Apostando exclusivamente a depurar, filtrar la montaña de detritus que el estuario platense contiene como receptáculo de las corrientes interiores de América del Sur de la cuenca Paraná-Uruguay

(la segunda mayor del continente, detrás de la amazónica). Se trata de corrientes, de ríos, absolutamente “tomados” por la agroindustria basada en contaminantes. Como además, el estuario recibe también agua en sentido contrario, desde el Atlántico, amén de las “agrocontaminaciones”, contiene una salinidad inaceptable para toda potabilización (encima de una carga de contaminantes que los océanos han ido acumulando a causa de la relación que el homo economicus ha ido estructurando con la naturaleza).1

El “remedio” ante este otro obstáculo ha sido presentar un lago suplente, ocupando una buena tajada de terreno cercano a la costa, despojando una vez más tierra arable y apta para actividades pecuarias, como la fruticultura, la agricultura, las crías granjeras o la apicultura, o la ganadería lechera o cárnica. En un país que es un paisito. Donde no sobra tierra. Un lago artificial 2 que técnicos de diversas disciplinas ya han adelantado tendrá todos los inconvenientes del agua estancada; algas tóxicas, cianobacterias…

Ventajoso proyecto empresarial, que le permitiría embolsar a la U.T.E. varios centenares de millones de dólares en unos años de pingües ganancias.

No se puede menospreciar la capacidad empresarial de inventarse tareas. Pero no es eso lo que necesita la sociedad uruguaya, como muchos informes técnicos ya lo han ido señalando.

Uno, brindado a los gobernantes recién elegidos en forma de “Carta abierta” por más de una veintena de investigadores y docentes de cátedras de salud, cuidado ambiental y sanitario; −la “craneoteca” con que cuenta el país en estos aspectos− cuestiona claramente el proyecto. Normalmente, cualquier gobierno tomaría en cuenta semejante dictamen en lugar de aceptar una propuesta empresaria que sabemos movida por el lucro y no por la salud ambiental.3

Que el gobierno saliente, el señor Luis Lacalle Pou, se embandere con semejante oportunidad empresaria revela sus preferencias, una opción ideológica en suma.

En el documento presentado por los investigadores se señala, por ejemplo, una dificultad (diríamos al ritmo de nuestro inolvidable Bartolomé Hidalgo): “la necesidad de implementar procesos de potabilización complejos, actualmente no disponibles en nuestro país, muy costosos y que conllevan riesgos concretos para la salud pública”.

Otro pasaje de la Carta abierta atiende la cuestión de la materia fecal en el estuario platense: “A la contaminación por materia orgánica actual, se suma el aporte del nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo Matanza de Buenos Aires, que colectará efluentes […] de más de 4 millones de personas, adentrándose 12 km en el Río de la Plata. Este emisario se encuentra en las etapas finales de su construcción

https://www.aysa.com.ar/sistema_riachuelo. Como lo afirmó Alem García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP): ‘es una necesidad imperiosa’ que Uruguay realice un monitoreo de las aguas del Río de la Plata luego que el emisor comience a funcionar. El incremento de contaminación fecal en el Río de la Plata (que ya es alta) exigirá tratamientos de cloración más importantes. Esto, sumado a la presencia de materia orgánica en el estuario, aumenta el riesgo de formación de sustancias de reconocida toxicidad.”

Remitimos al lector curioso a la lectura de toda la Carta Abierta y a incursionar en las observaciones que han planteado diversos vecinos y referentes de la sociedad civil de la zona del proyecto; Arazatí, Ecilda Paullier, Rafael Perazza.

El episodio nos está mostrando la ligereza con que se toman decisiones de enorme trascendencia basadas en argumentos que empresas no desinteresadamente formulan.

Somos un país que nos tragamos una gasificadora que no anduvo, un aerocarril que se hundía en el mar entre la isla de las Gaviotas y la costa montevideana, un proyecto celulósico que definieron otros… como aceptando sin reflexión cualquier “volada”. Y si “nos salvamos” del proyecto Aratirí, de extracción de hierro, no fue por nuestra capacidad de resistencia, sino porque la empresa Zamin Ferrous, que lo patrocinaba, lo desechó por escasa rentabilidad.

¿Vamos a seguir las iniciativas provengan de donde provengan, aceptando temperamentos, intereses, proyectos ajenos?□

MAL… DONADO

 NUESTRO TERRITORIO MAL… DONADO

¡La bolsa o la vida!

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org/

Carlo Goldoni, hace más de tres siglos, redondeó una commedia dell’arte inolvidable, Servir a dos amos; la historia y las cabriolas del protagonista para atender a dos amos, a veces con intereses dispares, y sobre todo, para atenderse a sí mismo; un “muerto de hambre” modelo siglo xviii.

El intendente fernandino Enrique Antía, Mr. Simpatía, el de la eterna sonrisa, ha superado ampliamente esa duplicidad del protagonista goldoniano –“Truffaldino, que puede traducirse al español como Fraudolent” (según wikipedia)−.

Antía, atraído no sabemos por cuáles atractores, tiene estrechísima vinculación con CIPEMU (Comité Israelita Punta del Este, Maldonado, Uruguay), que desde su no muy remoto origen ha ido estrechando sus vínculos con Israel, visible en los contratos que la autoridad política de Maldonado ha establecido con empresas israelíes vinculadas a la seguridad (compra de cámaras de vigilancia… para evitar robos; preocupación que parece vertebral entre los forjadores de CIPEMU).

Pero no solamente esa actividad, empresaria, nos muestra CIPEMU. Un lado sustancial de su actividad es pedagógica, el International College, todo un semillero de futuros dirigentes o población alfa más. Sus veladas al aire libre, a la orilla del mar en el verano puntaesteño, con damas desplegando sus ropas talares, apuntan al mundo ideal que imaginan.

Entre bambalinas, CIPEMU despliega su poder ideológico o de policía del pensamiento, cuidando que Mr. Simpatía no se exceda en sus sonrisas y por ello, en su momento, le señaló la inconveniencia de autorizar sesiones de un congreso de docentes de historia, en salones del gobierno fernandino.

La razón en ese caso, fue sagrada: CIPEMU percibió que dichos docentes eran antisemitas, o al menos que entre dichos docentes había antisemitas. Y CIPEMU declara luchar contra el antisemitismo. La verdad de la milanesa es que CIPEMU no acepta críticas a Israel (es fácil: toda crítica a Israel es antisemita según las instrucciones del IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) en castellano, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que ha dictaminado que está de más toda aporte histórico que ponga en entredicho la historia oficial del Holocausto. Así que chau investigación.

A la vista de la violencia claramente genocida del Estado de Israel, un estado condenado hasta desde la mismísima ONU, Antía ha desplegado su vuelo político: “Reivindicó los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza.“ (https://ladiaria.com.uy › maldonado › articulo › antia-r..., 5 ene 2025).

Pero a la vez, tal vez imaginándose ecuánime, ha agregado: que «apoya todos los intentos de paz» (ibíd.). Y mostrando su persistente bizquera, Antía apostrofa: “Israel tiene derecho a defender a sus familias.” (ibíd.) ¿Se defiende a sus familias asesinando colectivamente a miles

de bebés de la población a la que se quiere despojar de sus tierras (y junto con los bebés, sus hermanitos, sus padres, madres, tíos, primos, abuelos)?

Por lo visto, la piedad de Antía alcanza a los torturadores sionistas y a sus familias, pero nada le queda para los palestinos victimizados desde hace tanto tiempo (es el conflicto más largo, cronológicamente, de nuestro tiempo).

Antía tiene otras facetas, no todo lo que brilla es CIPEMU.

Cuando una empresa argentina, quiso convertir la rocosidad de Punta Ballena en asiento de centenares de viviendas, en edificios de altura para “pasar a cobre” el extraordinario valor paisajístico y geológico del lugar (único en nuestra geografía, que no es la de un Canadá o una Rusia euroasiática con la superficie de sus millones de km2…), fue únicamente el rechazo de la sociedad local la que permitió arrinconar primero el proyecto, que fue finalmente desechado, sin participación a la vista del sr. Intendente.

Antía tiene sus miras: fomentar la implantación de asentamientos argentinos, lo que resulta a la larga, entregar la tierra a ajenos.

En Maldonado, con la “administración” Antía, ahora mismo, se está intentando entregar tramos de costa a extranjeros (lamentablemente no es el único caso; vimos años atrás, otros intentos, como el del expresidente José Mujica, con las ”granjas marítimas”).

Empeñado en venderlo todo, se está ahora plasmando la concesión de 700 viviendas sobre la minúscula Laguna del Diario, arruinando un exquisito lugar que ornitólgos califican como de parada y descanso de aves migratorias, que resulta un entorno sumamente agradable de la costa oriental de nuestro país. Queremos suponer que con exquisita delicadeza la intendencia proveerá algún otro sitio de descanso para las aves, a las que se les informará en idioma castellano, sitio que dispondrá de comida perfectamente balanceada para aves y hasta con primorosos bebederos con alguna bebida cola, siempre fresca y, sobre todo, saludable.

Dijimos que Antía supera el número dos que nos recordaba Goldoni. Antía no sólo ha generado una alianza de la cual apenas arañamos la superficie (porque el Estado de Israel tiene una dimensión oculta enorme, incomparable respecto de su lustrada superficie tecnológica y de su sórdida política de mano dura), no sólo parece empeñado en estimular negocios con Israel y con inversionistas argentinos, regalando el territorio para que sus empresas lleven a cabo sus emprendimientos como si fuera en “tierra conquistada”.

Parece resuelto a vender todo el territorio a su alcance despojándolo de “obstáculos”.

Ya hemos visto como el cerro San Antonio está siendo parcelado y vendido mediante la participación de inmobiliarias privadas (que no sabemos de dónde extraen sus derechos de propiedad, aunque imaginamos, claro, que “todo es legal”), como si se tratara de una manzana urbana más y no de un monte perteneciente a la naturaleza y a la fauna y flora locales.

Últimamente ha declarado con descaro que jamás ha estado de acuerdo con el proyecto de los edificios gigantes que inversionistas, con el signo de pesos en las pupilas, habían proyectado encima de Punta Ballena, usurpando y trastornando las riquezas naturales de nuestro país.

A esta altura tales declaraciones suenan más bien a “que las uvas están verdes”.

Porque persistentemente ha criticado a quienes procuran cuidar el ambiente, a estudiar los arenales, las dunas, las corrientes marinas, los cerros y la fauna y flora autóctonas. Son gente molesta, ‘fábricas de impedir’ ha dicho.

Para los negocios, obviamente.

Y tiene razón, don Enrique. Hay un cierto conflicto entre la salud, el cuidado del ambiente, la alimentación, y los negocios.

El problema sobreviene cuando quien es votado para cuidar la salud, el ambiente, la alimentación de los habitantes, opta por cuidar… los negocios.□

carta abierta

 Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr Luis Lacalle Pou Sr. 

Ministro de Ambiente Contador Robert Bouvier

 Presente

 Las organizaciones abajo firmantes deseamos poner en su conocimiento que la firma del contrato del proyecto Arazatí - Neptuno NO debe realizarse bajo ningún concepto por las siguientes razones: El proyecto Arazatí - Neptuno, es una iniciativa que genera serias preocupaciones fundadas tanto en materia legal, como ambiental y de derechos humanos. En primer lugar cabe señalar que este proyecto se presenta como una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana. Sin embargo, no existe consenso sobre la pertinencia y la eficacia de dicha solución.

 Los principales defensores y promotores del proyecto hoy en día son el consorcio Aguas de Montevideo, usted y el Ministerio de Ambiente que desde los inicios ha actuado como fiel promotor del mismo, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país. Por el contrario, los sectores agrícola y agropecuario, la comunidad pesquera de la zona, la academia, las representantes políticas/os de todos los partidos y reconocidas cientificas/os nacionales e internacionales alertan sobre el grave impacto que significa el proyecto para el país. 

Esto ha sido establecido en forma pública y reiteradamente por reconocidas investigadoras/es y hay documentos y declaraciones públicas que lo avalan, cuestionando empírica y científicamente su factibilidad y viabilidad. Mientras tanto, usted anuncia que la firma del contrato está por realizarse. Todo esto en medio de la transición política en la que este tema es central por su importancia estratégica y por la enorme inversión que implica, más de 900 millones de dólares que endeudarán al país por 20 años.

 Consideramos que es al menos irresponsable e imprudente realizar la firma cuando está constatado que el proyecto tiene: 1. Observaciones legales sin resolver El proyecto Arazatí - Neptuno enfrenta actualmente demandas ante la justicia que aún no han sculminado su proceso. A pesar de esta situación, se busca avanzar en la firma del contrato, una decisión que compromete la economía del país, buena parte de su ambiente y expone a sus ciudadanos a consecuencias imprevisibles.

 2. El Río de la Plata: una fuente insegura de agua potable Utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización. Esta propuesta pone en duda la seguridad hídrica de la población y generará costos operativos insostenibles. Además este río es inseguro para la salud humana y Uruguay no tiene jurisdicción para el manejo de su cuenca que se distribuye entre cinco países. 

3. Inconstitucionalidad: la privatización del agua Se pretende ceder parte de la gestión del agua a una empresa privada, el consorcio Aguas de Montevideo. Este acto viola principios fundamentales de la Constitución Nacional. El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable. 

4. Amenaza para el Acuífero Raigón La ubicación del proyecto Arazatí Neptuno representa un foco de contaminación para el Acuífero Raigón, una de las principales reservas de agua dulce del país. Comprometerá la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona, puesto que es también fuente de riego para este sector. Desde nuestras organizaciones, hacemos un llamado urgente, en primer lugar, a usted y su responsabilidad como Presidente de este país. Pero también a la reflexión y a la acción: no se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente. Invitamos públicamente a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir transparencia sobre este proyecto que afecta a todos los uruguayos. 

Nodo Acá el Neptuno No Agrupación Tucu Tucu de San José Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida REDES Amigos de la Tierra Movimento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) Sin Pavimento Eco Franciscanas Coordinación por el Agua Red Unión de la Costa Coordinadora de Pescadores Artesanales Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG) Grupo de Productores de Rincón del Pino/ San José Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES Uruguay) Federación ANCAP (FANCAP) Asociación Civil Ambientalista de Salto Hermandad Pro Derechos Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba Red Ambiente Piriápolis y Alrededores (APA) Departamento de Denuncia Ambiental Ciudadana (DDAC) RAPAL Uruguay Clan Gubaitase Charrúa Eco Tambores 

Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT Colectivo La Campana Verde Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM) Intersocial Montevideo Oeste Budismo Comprometido Comunidad EcoShatvas Proyecto Nacurutú Colectivo Bilú Atit Liga de Fomento Parque Balneario Jaureguiberry No al Tren de UPM Montevideo Movimiento por la Tierra Valizas Comisión en Defensa Arroyo el Potrero Mujeres con Historias GuazuVerde Vecinos en Defensa del Proyecto de Detalle de Guazuvirá (VeDeProDe) Comisión de Vecinos Las Vegas - Lomas del Solís Paysandú por un Uruguay soberano UPM 2 Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) Mesa de Colonos Militantes de izquierda contra UPM Grupo de Vecinos en Defensa de los Espacios Naturales de Playa Hermosa Asociación Uruguaya de Guardaparques (AUG) Colectivo Ecofeminista Dafnias Cotidiano Mujer Defensa de Nuestra Playa de Costa Azul Movimiento de Vecinos Empalme Olmos Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench) Asamblea por el agua del río Santa Lucía Comisión de Fomento de Guazuvirá Vecinxs Organizadxs de Santa Lucía del Este Defensa de la Costa de Aguas Dulces Intersocial de San José de Mayo Misioneras de la Doctrina Cristiana de América Latina con sede en Río Branco Uruguay Pan y Rosas Colectivo Agua es Vida Red de Amigos de Luis Perez Aguirre Comunitaria Radio Manganga Asociación de Jubilados y Pensionistas de OSE (AJUPENOSE) Asociación Civil Nativos Punta Negra Red Uruguaya de Comunidades Guardianes de las Cuencas Arroyo Pando y Laguna del Cisne Acción Vecina de La Paloma Rocha Guidaí Tekoá Charrúas Oipik Udimar Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) Comisión vecinas/os en defensa de Laguna del Cisne y Yasyry (Solís Chico) Asociación Civil Nativos Punta Colorada Cooperativa Buen Vivir Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín Asociación de Licenciados de Enfermería del Uruguay (Alenfur) Agrupación de Egresados de Enfermería Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) Ecofeminismo Río Negro 

Comisión por la Tierra y el Agua del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de Uruguay (COJUPE) Colectivo No + Colonia Poetas del Oeste Conservación de Especies Nativas del Uruguay (COENDU) Aguará Popé - Eduacación y Gestión Ambiental Asociación Grupo Promoción Comunitaria Comunidad Tribal Afroindígena Anaxiguat Epaj Red de Huertas Comunitarias del Uruguay Partido Ecologista Radical e Intransigente (PERI) Circulo de intercambio y articulación a indígena (C.I.A.I) Somos agua Comunidad Guadaripí Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo – Uruguay (CIEDUR)

 Casa Grande Treinta y Tres Nzinga Artesanas Pinches Artistas Grupo Derecho Indígena de Uruguay Plenaria Memoria y Justicia Filial Metropolitana de Maestros de San José Tribu Espacio Cultural Taller por la Liberación de la Mujer Célica Gómez KYKYÔ Reserva Natural y Campo Cultural Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) Cósmica Cultura Contemporánea Asociación de Maestros de Rivera (AMDER) Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales Grupo TA Red de Agroecología del Uruguay La banda por el Agua Canelones Clan Rúa La-at Charrúa Uruguay Colectivo socio-ambiental Toledo en Huerta Agrupación sindical "Rosa Luxemburgo" SUINAU Grupo TAPE de Salto Grupo 33PorPalestina Asociación de funcionarios y funcionarias de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) El Abrojo Organización Ambientalista de Treinta y Tres Pindó Azul Agrupación Amigos de la Quebrada Marquemos un Norte Charrúa Cooperativa Social de Trabajo Lavia Comisión de Fomento de Costa Azul Nuevo Comisión de la Unión de Vecinos de Lago Merín Movimiento de Agricultura Biodinámica del Uruguay (MABDU) Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Minas Intersindical de Lavalleja Mujeres de la Costa de Cumbres de Neptunia - Remanzo - Salinas - Pinamar Comisión de Vecinos del Parque Baroffio Asociación de Jubilados y Pensionistas de Antel (AJUPEN ANTEL)

 Río Abierto Uruguay Espacio de Desarrollo Armónico Fundación por la Paz Comisión 100 años de Raúl Sendic Club de Poetas y Artistas Melchora Cuenca Ukay Guidaí Charrúa Proyecto Area Protegida Humedales de la Curtiembre - Paysandú Movimiento Ciudadano en Defensa de la Costa de Paysandú Asociación pro-fomento de Balneario Las Toscas Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica Asociación de extrabajadores de El Popular 1957-1973 Jubilados de El Popular Asociación de Jubilados y Pensionistas del Sur Este de Canelones Grupo de Trabajo de Salud y Ambiente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (SUMEFAC) 

Grupo de Estudios y Reconocimiento Geográfico del Uruguay (GERGU) Comisión de Vecinos Arroyo de Rocha y Ruta 109 Colectivo de Mujeres Indígenas Hum Pampa Organización Our Voice Arropando Territorio Vivo - vecinos de las márgenes del Arroyo Pando Comunidad Indígena Hué it Guidaí Agrupación por el cuidado de Nuestras Cuencas 

Periódico La Fragua 

Mujeres del Oeste Coordinadora por el retiro de las tropas de Haiti y en defensa de su soberanía Cirqueras Feministas Asociación de Mujeres Rurales (AMRU) Agrupación Ecovida Partido Verde Animalista Clan Charrúa Onkayhusmar Migues Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS)

jueves, 9 de enero de 2025

MOVUS

 Comunicado de prensa


La firma del contrato Arazatí: un riesgo que no podemos ignorar

 

Diversas organizaciones ambientales y sociales alertamos sobre los graves riesgos que implica la firma del contrato para el Proyecto Arazatí - Neptuno, una iniciativa que genera serias preocupaciones en materia legal, ambiental y de derechos humanos.

 

Esta iniciativa se presenta como una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana, sin embargo no existe consenso sobre la seriedad y la eficacia de dicha solución. Quienes defienden y promueven el proyecto hoy en día son el consorcio Aguas de Montevideo, el actual presidente Luis Lacalle Pou y el Ministerio de Ambiente que desde los inicios ha actuado como fiel promotor, eludiendo su responsabilidad de evaluar y abogar por la seguridad ambiental de todo el país.

 

Mientras el sector agrícola, agropecuario, la academia, representantes políticos de todos los partidos, reconocidas cientificas/os nacionales e internacionales alertan sobre el grave impacto que significa el proyecto para el país, cuestionando empírica y científicamente su factibilidad y viabilidad, el Presidente en curso anuncia que la firma del contrato está por realizarse, todo esto en medio de la transición política en la que constituye en un tema central por su importancia estratégica y por la enorme inversión que implica.

 

Consideramos que es imprudente realizar la firma cuando el proyecto tiene:

 

1. Observaciones legales sin resolver

El Proyecto Arazatí enfrenta actualmente observaciones en la justicia que aún no han sido definidas. A pesar de esta situación, se busca avanzar en la firma del contrato, una decisión que podría comprometer la economía del pais y exponer a sus ciudadanos a consecuencias imprevisibles.

 

2. El Río de la Plata: una fuente insegura de agua potable

Utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización. Esta propuesta pone en duda la seguridad hídrica de la población y podría generar costos operativos insostenibles. Ademas el RDLP es inseguro para la salud humana, y no tiene jurisdicción para el manejo de su cuenca que cubre 5 países.

 

3. Inconstitucionalidad  privatización del agua

El contrato Arazatí pretende ceder parte de la gestión del agua a una empresa privada el consorcio Aguas de Montevideo, un acto que viola principios fundamentales de la Constitución Nacional. El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable.

 

4. Amenaza para el Acuífero Raigón

La ubicación del Proyecto Arazatí representa un foco de contaminación para el Acuífero Raigón, una de las principales reservas de agua dulce del país. Este riesgo podría comprometer la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona, puesto que es también fuente de riego para este sector.

Desde nuestras organizaciones, hacemos un llamado urgente a la reflexión y a la acción: no se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente. Invitamos a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir transparencia sobre un proyecto que afecta a todos los uruguayos.

 

Nodo Acá el Neptuno No, Agrupación Tucu Tucu de San José, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la VidaRedes Amigos de la TierraSin PavimentoEco FranciscanasRed Union Grupos de la CostaMovimento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

AGUA POTABLE

¿QUIÉN DECIDE ACERCA DEL AGUA POTABLE DE NUESTRO PAÍS?

Elemental Watson

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org/

Todo período democrático de gobierno –el establecido entre elecciones para votar (gobierno, precisamente) puede y debe dividirse, o particionarse, entre el tiempo en que el gobierno de turno tiene el futuro abierto y el período en que mantiene las funciones pero ya ha sobrevenido sucesor, es decir luego de realizado el acto eleccionario para el nuevo período de gobierno.

Normalmente, el primer período es el más largo y el que se puede considerar propiamente de gobierno y en el ritmo uruguayo actual excede largamente los cuatro años y medio. El segundo tramo o período, es el que ejerce el gobierno –que se puede designar como “de salida”− cuando ya se han realizado las elecciones y se mantiene en funciones hasta el “cambio de mando”.

En Uruguay, con cierta lentitud que algunos confunden con aplomo, se trata de unos cuatro o cinco meses. Casi medio año. En otros países, la transición es, con lógica, más rápida; en Argentina, no llega a dos meses y en algunos casos, mediando balotaje, apenas pocas semanas; en Suecia, el gabinete se reconstituye tras elecciones, cada tres años, en cuestión de semanas; en EE.UU. −lo estamos viendo−, ese período es de unos dos meses.

Lo de Uruguay, no será por la vastedad del territorio y menos todavía por su envergadura poblacional…

Si en el período principal es el gobierno el responsable de las decisiones, de sus decisiones, en el período que designamos como “de salida”, la responsabilidad de gobierno cambia de carácter, sobre todo si el gobierno recién elegido no es continuación del vigente.

Cuando un gobierno se encuentra en período de salida, es comprensible que siga ejerciendo el gobierno sobre las actuaciones en curso, las aprobadas. Pero es totalmente nocivo, tóxico, que en ese periodo inaugure proyectos a largo plazo condicionando al gobierno que ya está elegido. Proyectos que insuman años, incluso sobrepasando el período de gobierno que está por asumir, deberían contar con la mayor sustentación…

Si un gobierno, en su período de salida ejerce semejante conducta, por ejemplo, suscribe acuerdos que ya no atenderá y que obligará a atender al siguiente, se puede calificar como un acto de casi usurpación o al menos de abuso –político, institucional−. Como un “golpecillo de estado”, hecho con la picardía que nos es lamentablemente tan −diríamos− constitutiva.

El caso “Neptuno”, antes denominado Arazatí, es un buen ejemplo.

Frente a la crisis del agua de 2023, más rápido que corriendo, una U.T.E. armó un proyecto para proveer de agua a Montevideo y a los uruguayos en general recurriendo a una fuente absolutamente contaminada, ajena a todo tipo de limpieza más o menos natural. Apostando exclusivamente a depurar, filtrar la montaña de detritus que el estuario platense contiene como receptáculo de las corrientes interiores de América del Sur de la cuenca Paraná-Uruguay

(la segunda mayor del continente, detrás de la amazónica). Se trata de corrientes, de ríos, absolutamente “tomados” por la agroindustria basada en contaminantes. Como además, el estuario recibe también agua en sentido contrario, desde el Atlántico, amén de las “agrocontaminaciones”, contiene una salinidad inaceptable para toda potabilización (encima de una carga de contaminantes que los océanos han ido acumulando a causa de la relación que el homo economicus ha ido estructurando con la naturaleza).1

El “remedio” ante este otro obstáculo ha sido presentar un lago suplente, ocupando una buena tajada de terreno cercano a la costa, despojando una vez más tierra arable y apta para actividades pecuarias, como la fruticultura, la agricultura, las crías granjeras o la apicultura, o la ganadería lechera o cárnica. En un país que es un paisito. Donde no sobra tierra. Un lago artificial 2 que técnicos de diversas disciplinas ya han adelantado tendrá todos los inconvenientes del agua estancada; algas tóxicas, cianobacterias…

Ventajoso proyecto empresarial, que le permitiría embolsar a la U.T.E. varios centenares de millones de dólares en unos años de pingües ganancias.

No se puede menospreciar la capacidad empresarial de inventarse tareas. Pero no es eso lo que necesita la sociedad uruguaya, como muchos informes técnicos ya lo han ido señalando.

Uno, brindado a los gobernantes recién elegidos en forma de “Carta abierta” por más de una veintena de investigadores y docentes de cátedras de salud, cuidado ambiental y sanitario; −la “craneoteca” con que cuenta el país en estos aspectos− cuestiona claramente el proyecto. Normalmente, cualquier gobierno tomaría en cuenta semejante dictamen en lugar de aceptar una propuesta empresaria que sabemos movida por el lucro y no por la salud ambiental.3

Que el gobierno saliente, el señor Luis Lacalle Pou, se embandere con semejante oportunidad empresaria revela sus preferencias, una opción ideológica en suma.

En el documento presentado por los investigadores se señala, por ejemplo, una dificultad (diríamos al ritmo de nuestro inolvidable Bartolomé Hidalgo): “la necesidad de implementar procesos de potabilización complejos, actualmente no disponibles en nuestro país, muy costosos y que conllevan riesgos concretos para la salud pública”.

Otro pasaje de la Carta abierta atiende la cuestión de la materia fecal en el estuario platense: “A la contaminación por materia orgánica actual, se suma el aporte del nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo Matanza de Buenos Aires, que colectará efluentes […] de más de 4 millones de personas, adentrándose 12 km en el Río de la Plata. Este emisario se encuentra en las etapas finales de su construcción

https://www.aysa.com.ar/sistema_riachuelo. Como lo afirmó Alem García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP): ‘es una necesidad imperiosa’ que Uruguay realice un monitoreo de las aguas del Río de la Plata luego que el emisor comience a funcionar. El incremento de contaminación fecal en el Río de la Plata (que ya es alta) exigirá tratamientos de cloración más importantes. Esto, sumado a la presencia de materia orgánica en el estuario, aumenta el riesgo de formación de sustancias de reconocida toxicidad.”

Remitimos al lector curioso a la lectura de toda la Carta Abierta y a incursionar en las observaciones que han planteado diversos vecinos y referentes de la sociedad civil de la zona del proyecto; Arazatí, Ecilda Paullier, Rafael Perazza.

El episodio nos está mostrando la ligereza con que se toman decisiones de enorme trascendencia basadas en argumentos que empresas no desinteresadamente formulan.

Somos un país que nos tragamos una gasificadora que no anduvo, un aerocarril que se hundía en el mar entre la isla de las Gaviotas y la costa montevideana, un proyecto celulósico que definieron otros… como aceptando sin reflexión cualquier “volada”. Y si “nos salvamos” del proyecto Aratirí, de extracción de hierro, no fue por nuestra capacidad de resistencia, sino porque la empresa Zamin Ferrous, que lo patrocinaba, lo desechó por escasa rentabilidad.

 ¿Vamos a seguir las iniciativas provengan de donde provengan, aceptando temperamentos, intereses, proyectos ajenos?□