INCENDIOS FORESTALES

 

Brecha URUGUAY

AVANCES Y DILEMAS LUEGO DE LOS HISTÓRICOS INCENDIOS FORESTALES DEL LITORAL

Cenizas quedan

Mónica Robaina

16 diciembre, 2022

Tras los grandes incendios forestales que afectaron al litoral del país el verano pasado, los productores locales apuran en el Parlamento un proyecto de ley para mejorar la prevención y establecer nuevas reglas en los controles. En la academia lamentan la falta de recursos para buscar una solución de fondo.

«Desde que se extinguieron los incendios de enero, comenzó para nosotros el desafío de hacer escuchar nuestra voz. Era necesario transformar ese evento tan traumático para la memoria colectiva de la comunidad en una oportunidad para generar cambios que nos coloquen en mejores condiciones para enfrentar los siguientes incendios, porque esta posibilidad es muy real.» Así empieza la exposición de motivos de un proyecto de ley cuya aprobación estaba pendiente en la Cámara de Diputados al cierre de esta edición. La iniciativa apunta a prevenir y combatir incendios con más eficacia, con base en los aportes de vecinos, productores, técnicos, bomberos, forestadores y docentes universitarios que participaron en las reuniones de las Mesas de Diálogo creadas tras los incendios que devoraron 30 mil hectáreas de monte y bosque en Paysandú y Soriano, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero pasados. Es, quizás, el mayor avance logrado en el ámbito público desde entonces.

En primer lugar –y aunque parezca una perogrullada–, se propone centralizar en la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) del Ministerio del Interior las responsabilidades y acciones oficiales relacionadas con la prevención de los incendios. El productor Javier Dalmás, vocero de la Mesa de Diálogo de Paysandú y uno de los impulsores de la iniciativa, dijo a Brecha que la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería (MGAP) no ha cumplido eficazmente con sus responsabilidades en materia de prevención. A través de un pedido de acceso a la información pública, Dalmás supo que «en los últimos cinco años las inspecciones de la Dirección Forestal fueron irrelevantes: un promedio de 30 inspecciones por año en más de un millón de hectáreas forestadas», señaló. Tampoco soslayó los «conflictos de intereses que a veces se plantean con jerarcas de esa repartición del MGAP, que han tenido vínculos comerciales, profesionales o familiares con las empresas del sector». En este sentido, opinó que «tener a los bomberos controlando es algo muy positivo, porque cuando se maneja tanto dinero es importante mantener separadas la dirección forestal y sus cometidos».

Otro eje de la propuesta refiere a la separación entre los macizos forestales o las plantaciones y los centros poblados. Con base en legislación comparada, la iniciativa nacional plantea que los cortafuegos tengan, como mínimo de ancho, la altura máxima de las plantaciones linderas. Luego, teniendo en cuenta la normativa territorial de localidades como Guichón (Paysandú) y Tranqueras (Rivera), prohíbe la actividad forestal dentro de un radio de 500 metros de los centros poblados; es decir, 300 metros más que la distancia acordada entre los forestadores, el MGAP y el Ministerio de Ambiente tras el gran incendio. En el caso de las edificaciones en zonas rurales (viviendas, depósitos, escuelas, iglesias, clubes sociales y deportivos) el radio de prohibición es de 150 metros. Otro artículo del proyecto también obliga a los propietarios de bosques mayores a 40 hectáreas a presentar a la DNB un plan anual de defensa de incendios forestales, con diversos requisitos; esos planes deberán tener divulgación pública en la página web de la DNB.

RESPONSABILIDADES

«Hay muchos aspectos de las leyes ya vigentes que no se cumplieron por falta de fiscalización y recursos. Todas las partes que fueron responsables de que esto fuera un desastre trataron de tapar las falencias. Fue un proceso muy infeliz, la falta de coordinación fue un desastre», declaró al semanario el productor apícola sanducero Santiago Schneider. «Todo lo que ocurrió era previsible en la medida en que había un dejarse estar. Uruguay creció, la masa forestal se derramó, pero no hubo un acompañamiento del resto con un marco bien regulado. No hicieron nada por evitar que se quemara más», agregó, con la esperanza de que el proyecto de ley se apruebe para corregir alguna de esas situaciones.

Tanto Schneider como Dalmás entienden que, para que la nueva ley sea aplicable y no una mera expresión de deseo, habrá que asignar recursos presupuestales a través de futuras rendiciones de cuentas o reglamentar para que las empresas forestadoras se hagan cargo de algunos costos. Para el diputado frenteamplista Ubaldo Aita, miembro de la Comisión de Ganadería que aprobó el texto del proyecto el martes pasado y lo derivó al plenario, es un hecho que los efectos del cambio climático incrementarán la frecuencia de los incendios forestales y que, previendo esa situación, Uruguay debe avanzar en materia legislativa y organización. «El proyecto tiene un cuerpo normativo sólido, que da cabida a regulaciones preexistentes, pero que estaban dispersas. No solo sistematiza esas regulaciones, sino que otorga rango legal a decretos e incluye legislación comparada de países donde la actividad forestal se realiza con seriedad normativa. Deroga todas las disposiciones anteriores relacionadas con la prevención y el combate de los incendios forestales que entren en conflicto con esta ley», dijo el legislador a Brecha.

«UN DISPARATE»

A todo esto, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) –que nuclea al 80 por ciento de las forestadoras del país– entiende que el proyecto es malo y hasta última hora albergaba esperanzas de que los legisladores dispuestos a aprobarlo revieran su posición. Para el coordinador del Operativo de Protección Anti-Incendios Forestales (OPAIF), Rafael Sosa, la propuesta a estudio del legislativo es «un disparate» y un «refrito» de normativas que ya están vigentes. Tras aclarar que ofrecía su «opinión personal», el experto dijo a Brecha que el texto «establece medidas anacrónicas que no hacen al cuidado forestal, sino que parecen un saludo a la tribuna». A modo de ejemplo, consideró que si los controles pasan de la dirección forestal del MGAP a la DNB, el Estado tendrá que «triplicar» los funcionarios y capacitarlos para cumplir con la obligación legal. Entre otros puntos que cuestiona, mencionó las disposiciones que obligan a los productores con más de 40 hectáreas a instalar guardianes a modo de prevención: «Son típicas del desconocimiento y del voluntarismo, agregan burocracia y omiten la tecnología que va sustituyendo a esos guardianes».

Sosa también rechazó el artículo que marca una distancia mínima de 500 metros entre las plantaciones y los centros poblados –punto que también rechazan algunos legisladores nacionalistas–. A su juicio, con los 200 metros ya acordados es suficiente. Su esperanza es que, antes de expedirse, los legisladores atiendan las versiones técnicas contrarias a la iniciativa de los productores rurales y la Universidad de la República (Udelar). «Si este mal proyecto sale, los más afectados serán el propio Estado o los productores más pequeños», sentenció.

OTROS PLANES

En contrapartida, a partir de la pavorosa experiencia del verano pasado, la SPF introdujo cambios al OPAIF que realiza todos los veranos y que entró en vigencia esta semana. La elaboración del nuevo plan partió de dos auditorías contratadas por los forestales para analizar y corregir falencias, dijo el coordinador Rafael Sosa. Los estudios revelaron que el «incendio más grande de la historia» del país se produjo por demoras en la detección y alerta sobre los focos ígneos, y en la gestión y coordinación de los recursos disponibles. Por eso, la gremial resolvió trabajar este verano bajo un «sistema de comando de incidentes», gestionado por la DNB. «Está pensado para emergencias de eventos grandes y complejos, e implica alinear toda la estructura detrás de un comando para evitar la dispersión y el caos en la respuesta», explicó Sosa.

Por otra parte, la SPF resolvió concentrar el sistema de detección, despacho (de recursos) y comunicaciones en Durazno, en lugar de repartirlos en las tres oficinas regionales que operaron hasta principios de este año. La central duraznense tiene ahora la misión de detectar incendios y gestionar el despliegue de recursos privados y estatales, mediante un software con información cartográfica sobre zonas de riesgo climático y riesgo asociado al material combustible. También se llevó a cabo un catastro de las fuentes de agua disponibles, según su tipo, volumen y accesibilidad para helicópteros.Por último, en coordinación con los organismos que integran el Sistema Nacional de Emergencia, se actualizó el protocolo «de actuación, prevención, mitigación y respuesta» que funcionará a partir de este verano a través de los comités departamentales de emergencia.

En la zona del litoral se agregaron dos aviones de combate, co

n capacidad para 2 mil litros de agua cada uno, como apoyo a la unidad helitransportada ya existente. También comenzó a funcionar un sistema de detección, mediante cámaras, que alcanza a Paysandú, Río Negro y el norte de Soriano, sumadas a las cinco instaladas por la DNB en los balnearios boscosos del este. Sosa señaló que en total se instalaron 15 cámaras que abarcan unas 200 mil hectáreas de bosques, aparte de las cinco que maneja la DNB en las zonas boscosas de los balnearios del sur y este del país. También ofrecen distintas medidas para vincularse con la comunidad. De acuerdo con el ejecutivo, la implementación del Sistema de Comando de Incidentes implicó una inversión de 3.800.000 dólares, frente a los 2.350.000 dólares que aportaron los afiliados a la SPF el verano pasado.

A todo esto, el 1 de este mes el gobierno presentó el Plan Nacional de Protección Integral frente a Incendios Forestales 2022-2023, en el parque Santa Teresa (Rocha). Allí se dieron cita ministros, productores forestales y autoridades de los organismos con injerencia en estos temas. Entre las novedades, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que se resolvió adoptar un plan de generación de cortafuegos junto con la SPF y las Fuerzas Armadas. La creación de embalses de aguas en las zonas forestales, la emisión diaria del índice de riesgo de incendios forestales y la publicación periódica de las tendencias climáticas también son parte del acuerdo. Por otro lado, se mantendrá el sistema de torres de control y vigilancia, con monitoreos permanentes desde el aire.

LO QUE NO FUE

La posibilidad de que la Udelar realizara una evaluación integral de los daños causados por los incendios del litoral quedó por el camino. «Fracasó debido a los recortes presupuestales para la Udelar y no hubo privados interesados en financiar la investigación», dijo a Brecha la investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte de la Udelar, Natalia Bisio. El Grupo de Estudios Territoriales del CENUR pretendía evaluar el impacto social y psicológico sobre la población expuesta, la contaminación de ríos y suelos, el tiempo de recuperación del terreno, cuantificar los insumos que requirieron los trabajos, avanzar en asuntos de ordenamiento territorial, y, lo más importante, aportar el conocimiento fundamental para enfrentar nuevos incendios, agregó Bisio.

El arquitecto e investigador Rogelio Texeira, también miembro del grupo, enfatizó la importancia de generar insumos de medidas preventivas, mecanismos de control y ordenamiento territorial y ajustes de la normativa en relación con buenas prácticas internacionales. «La forestación absorbió toda la microrregión. La sociedad y los productores chicos, todos dependen de la forestación porque tienen su ganado en pastoreo y sus colmenas dentro de los campos forestales, o porque terminan trabajando para las forestadoras. No ha habido un intercambio real que permita construir una mejor convivencia», comentó, para justificar la importancia de analizar el impacto sanitario, psicológico y sociológico tras el gran incendio.

Los académicos pretendían, asimismo, cuantificar los daños económicos a mediano plazo, por ejemplo, en la producción de miel debido al estrés de las abejas o por los abortos espontáneos producidos sobre el ganado de cría, y ver qué pasó con el ambiente y la biodiversidad. Texeira aspira a que el Estado profundice en un análisis y en la situación de fondo para quienes viven en los entornos boscosos del litoral. La aprobación del proyecto de ley sería un paso clave. Lo mismo opina Schneider, quien durante estos meses ha visto cómo su establecimiento vuelve a estar rodeado por árboles. La zona que se incendió está siendo replantada y, otra vez, los vecinos están siendo cercados por los bosques. «Es un asunto que atraviesa la seguridad y el paisaje. No podemos pasar otro año más con esta situación», concluyó el académico. Entre tanto, el índice de riesgo de incendios que elabora la DNB muestra un día sí y otro también al Uruguay en rojo.