APMU EN CONFLICTO!

 

APMU EN CONFLICTO!

NO AL ATROPELLO!

QUE CUMPLAN EL LAUDO!

NOS DICEN ESENCIALES Y NOS TRATAN COMO DESCARTABLES!

TODOS SOMOS SUPLENTES!

INCENDIOS FORESTALES

 

Brecha URUGUAY

AVANCES Y DILEMAS LUEGO DE LOS HISTÓRICOS INCENDIOS FORESTALES DEL LITORAL

Cenizas quedan

Mónica Robaina

16 diciembre, 2022

Tras los grandes incendios forestales que afectaron al litoral del país el verano pasado, los productores locales apuran en el Parlamento un proyecto de ley para mejorar la prevención y establecer nuevas reglas en los controles. En la academia lamentan la falta de recursos para buscar una solución de fondo.

«Desde que se extinguieron los incendios de enero, comenzó para nosotros el desafío de hacer escuchar nuestra voz. Era necesario transformar ese evento tan traumático para la memoria colectiva de la comunidad en una oportunidad para generar cambios que nos coloquen en mejores condiciones para enfrentar los siguientes incendios, porque esta posibilidad es muy real.» Así empieza la exposición de motivos de un proyecto de ley cuya aprobación estaba pendiente en la Cámara de Diputados al cierre de esta edición. La iniciativa apunta a prevenir y combatir incendios con más eficacia, con base en los aportes de vecinos, productores, técnicos, bomberos, forestadores y docentes universitarios que participaron en las reuniones de las Mesas de Diálogo creadas tras los incendios que devoraron 30 mil hectáreas de monte y bosque en Paysandú y Soriano, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero pasados. Es, quizás, el mayor avance logrado en el ámbito público desde entonces.

En primer lugar –y aunque parezca una perogrullada–, se propone centralizar en la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) del Ministerio del Interior las responsabilidades y acciones oficiales relacionadas con la prevención de los incendios. El productor Javier Dalmás, vocero de la Mesa de Diálogo de Paysandú y uno de los impulsores de la iniciativa, dijo a Brecha que la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería (MGAP) no ha cumplido eficazmente con sus responsabilidades en materia de prevención. A través de un pedido de acceso a la información pública, Dalmás supo que «en los últimos cinco años las inspecciones de la Dirección Forestal fueron irrelevantes: un promedio de 30 inspecciones por año en más de un millón de hectáreas forestadas», señaló. Tampoco soslayó los «conflictos de intereses que a veces se plantean con jerarcas de esa repartición del MGAP, que han tenido vínculos comerciales, profesionales o familiares con las empresas del sector». En este sentido, opinó que «tener a los bomberos controlando es algo muy positivo, porque cuando se maneja tanto dinero es importante mantener separadas la dirección forestal y sus cometidos».

Otro eje de la propuesta refiere a la separación entre los macizos forestales o las plantaciones y los centros poblados. Con base en legislación comparada, la iniciativa nacional plantea que los cortafuegos tengan, como mínimo de ancho, la altura máxima de las plantaciones linderas. Luego, teniendo en cuenta la normativa territorial de localidades como Guichón (Paysandú) y Tranqueras (Rivera), prohíbe la actividad forestal dentro de un radio de 500 metros de los centros poblados; es decir, 300 metros más que la distancia acordada entre los forestadores, el MGAP y el Ministerio de Ambiente tras el gran incendio. En el caso de las edificaciones en zonas rurales (viviendas, depósitos, escuelas, iglesias, clubes sociales y deportivos) el radio de prohibición es de 150 metros. Otro artículo del proyecto también obliga a los propietarios de bosques mayores a 40 hectáreas a presentar a la DNB un plan anual de defensa de incendios forestales, con diversos requisitos; esos planes deberán tener divulgación pública en la página web de la DNB.

RESPONSABILIDADES

«Hay muchos aspectos de las leyes ya vigentes que no se cumplieron por falta de fiscalización y recursos. Todas las partes que fueron responsables de que esto fuera un desastre trataron de tapar las falencias. Fue un proceso muy infeliz, la falta de coordinación fue un desastre», declaró al semanario el productor apícola sanducero Santiago Schneider. «Todo lo que ocurrió era previsible en la medida en que había un dejarse estar. Uruguay creció, la masa forestal se derramó, pero no hubo un acompañamiento del resto con un marco bien regulado. No hicieron nada por evitar que se quemara más», agregó, con la esperanza de que el proyecto de ley se apruebe para corregir alguna de esas situaciones.

Tanto Schneider como Dalmás entienden que, para que la nueva ley sea aplicable y no una mera expresión de deseo, habrá que asignar recursos presupuestales a través de futuras rendiciones de cuentas o reglamentar para que las empresas forestadoras se hagan cargo de algunos costos. Para el diputado frenteamplista Ubaldo Aita, miembro de la Comisión de Ganadería que aprobó el texto del proyecto el martes pasado y lo derivó al plenario, es un hecho que los efectos del cambio climático incrementarán la frecuencia de los incendios forestales y que, previendo esa situación, Uruguay debe avanzar en materia legislativa y organización. «El proyecto tiene un cuerpo normativo sólido, que da cabida a regulaciones preexistentes, pero que estaban dispersas. No solo sistematiza esas regulaciones, sino que otorga rango legal a decretos e incluye legislación comparada de países donde la actividad forestal se realiza con seriedad normativa. Deroga todas las disposiciones anteriores relacionadas con la prevención y el combate de los incendios forestales que entren en conflicto con esta ley», dijo el legislador a Brecha.

«UN DISPARATE»

A todo esto, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) –que nuclea al 80 por ciento de las forestadoras del país– entiende que el proyecto es malo y hasta última hora albergaba esperanzas de que los legisladores dispuestos a aprobarlo revieran su posición. Para el coordinador del Operativo de Protección Anti-Incendios Forestales (OPAIF), Rafael Sosa, la propuesta a estudio del legislativo es «un disparate» y un «refrito» de normativas que ya están vigentes. Tras aclarar que ofrecía su «opinión personal», el experto dijo a Brecha que el texto «establece medidas anacrónicas que no hacen al cuidado forestal, sino que parecen un saludo a la tribuna». A modo de ejemplo, consideró que si los controles pasan de la dirección forestal del MGAP a la DNB, el Estado tendrá que «triplicar» los funcionarios y capacitarlos para cumplir con la obligación legal. Entre otros puntos que cuestiona, mencionó las disposiciones que obligan a los productores con más de 40 hectáreas a instalar guardianes a modo de prevención: «Son típicas del desconocimiento y del voluntarismo, agregan burocracia y omiten la tecnología que va sustituyendo a esos guardianes».

Sosa también rechazó el artículo que marca una distancia mínima de 500 metros entre las plantaciones y los centros poblados –punto que también rechazan algunos legisladores nacionalistas–. A su juicio, con los 200 metros ya acordados es suficiente. Su esperanza es que, antes de expedirse, los legisladores atiendan las versiones técnicas contrarias a la iniciativa de los productores rurales y la Universidad de la República (Udelar). «Si este mal proyecto sale, los más afectados serán el propio Estado o los productores más pequeños», sentenció.

OTROS PLANES

En contrapartida, a partir de la pavorosa experiencia del verano pasado, la SPF introdujo cambios al OPAIF que realiza todos los veranos y que entró en vigencia esta semana. La elaboración del nuevo plan partió de dos auditorías contratadas por los forestales para analizar y corregir falencias, dijo el coordinador Rafael Sosa. Los estudios revelaron que el «incendio más grande de la historia» del país se produjo por demoras en la detección y alerta sobre los focos ígneos, y en la gestión y coordinación de los recursos disponibles. Por eso, la gremial resolvió trabajar este verano bajo un «sistema de comando de incidentes», gestionado por la DNB. «Está pensado para emergencias de eventos grandes y complejos, e implica alinear toda la estructura detrás de un comando para evitar la dispersión y el caos en la respuesta», explicó Sosa.

Por otra parte, la SPF resolvió concentrar el sistema de detección, despacho (de recursos) y comunicaciones en Durazno, en lugar de repartirlos en las tres oficinas regionales que operaron hasta principios de este año. La central duraznense tiene ahora la misión de detectar incendios y gestionar el despliegue de recursos privados y estatales, mediante un software con información cartográfica sobre zonas de riesgo climático y riesgo asociado al material combustible. También se llevó a cabo un catastro de las fuentes de agua disponibles, según su tipo, volumen y accesibilidad para helicópteros.Por último, en coordinación con los organismos que integran el Sistema Nacional de Emergencia, se actualizó el protocolo «de actuación, prevención, mitigación y respuesta» que funcionará a partir de este verano a través de los comités departamentales de emergencia.

En la zona del litoral se agregaron dos aviones de combate, co

n capacidad para 2 mil litros de agua cada uno, como apoyo a la unidad helitransportada ya existente. También comenzó a funcionar un sistema de detección, mediante cámaras, que alcanza a Paysandú, Río Negro y el norte de Soriano, sumadas a las cinco instaladas por la DNB en los balnearios boscosos del este. Sosa señaló que en total se instalaron 15 cámaras que abarcan unas 200 mil hectáreas de bosques, aparte de las cinco que maneja la DNB en las zonas boscosas de los balnearios del sur y este del país. También ofrecen distintas medidas para vincularse con la comunidad. De acuerdo con el ejecutivo, la implementación del Sistema de Comando de Incidentes implicó una inversión de 3.800.000 dólares, frente a los 2.350.000 dólares que aportaron los afiliados a la SPF el verano pasado.

A todo esto, el 1 de este mes el gobierno presentó el Plan Nacional de Protección Integral frente a Incendios Forestales 2022-2023, en el parque Santa Teresa (Rocha). Allí se dieron cita ministros, productores forestales y autoridades de los organismos con injerencia en estos temas. Entre las novedades, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que se resolvió adoptar un plan de generación de cortafuegos junto con la SPF y las Fuerzas Armadas. La creación de embalses de aguas en las zonas forestales, la emisión diaria del índice de riesgo de incendios forestales y la publicación periódica de las tendencias climáticas también son parte del acuerdo. Por otro lado, se mantendrá el sistema de torres de control y vigilancia, con monitoreos permanentes desde el aire.

LO QUE NO FUE

La posibilidad de que la Udelar realizara una evaluación integral de los daños causados por los incendios del litoral quedó por el camino. «Fracasó debido a los recortes presupuestales para la Udelar y no hubo privados interesados en financiar la investigación», dijo a Brecha la investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte de la Udelar, Natalia Bisio. El Grupo de Estudios Territoriales del CENUR pretendía evaluar el impacto social y psicológico sobre la población expuesta, la contaminación de ríos y suelos, el tiempo de recuperación del terreno, cuantificar los insumos que requirieron los trabajos, avanzar en asuntos de ordenamiento territorial, y, lo más importante, aportar el conocimiento fundamental para enfrentar nuevos incendios, agregó Bisio.

El arquitecto e investigador Rogelio Texeira, también miembro del grupo, enfatizó la importancia de generar insumos de medidas preventivas, mecanismos de control y ordenamiento territorial y ajustes de la normativa en relación con buenas prácticas internacionales. «La forestación absorbió toda la microrregión. La sociedad y los productores chicos, todos dependen de la forestación porque tienen su ganado en pastoreo y sus colmenas dentro de los campos forestales, o porque terminan trabajando para las forestadoras. No ha habido un intercambio real que permita construir una mejor convivencia», comentó, para justificar la importancia de analizar el impacto sanitario, psicológico y sociológico tras el gran incendio.

Los académicos pretendían, asimismo, cuantificar los daños económicos a mediano plazo, por ejemplo, en la producción de miel debido al estrés de las abejas o por los abortos espontáneos producidos sobre el ganado de cría, y ver qué pasó con el ambiente y la biodiversidad. Texeira aspira a que el Estado profundice en un análisis y en la situación de fondo para quienes viven en los entornos boscosos del litoral. La aprobación del proyecto de ley sería un paso clave. Lo mismo opina Schneider, quien durante estos meses ha visto cómo su establecimiento vuelve a estar rodeado por árboles. La zona que se incendió está siendo replantada y, otra vez, los vecinos están siendo cercados por los bosques. «Es un asunto que atraviesa la seguridad y el paisaje. No podemos pasar otro año más con esta situación», concluyó el académico. Entre tanto, el índice de riesgo de incendios que elabora la DNB muestra un día sí y otro también al Uruguay en rojo.

Proponen un futuro para la pesca artesanal en Uruguay

 

Actores públicos y privados, productores, consumidores e investigadores delinean un futuro posible de sustentación económica, social, ambiental y cultural para la pesca artesanal en el país

Víctor L. Bacchetta

La pesca en pequeña escala representa por lo menos el 40% de las capturas pesqueras mundiales y brinda ocupación al 90% de las personas que trabajan en la pesca, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se estima que 45 millones de mujeres participan en la pesca en pequeña escala, en particular como medio de subsistencia, y que 492 millones de personas en total dependen al menos en parte de esta actividad para subsistir.

En Uruguay, la pesca artesanal es un subsector marginalizado a pesar de ocupar al 46% del total de pescadores existentes en el país, un total de 1.250 pescadores a tiempo completo o parcial y 3.750 trabajadores indirectos. Si bien la pesca artesanal representa una proporción muy menor en comparación con su contraparte industrial, este subsector da cuenta del 25% del consumo nacional de pescado.

En la segunda mitad del siglo pasado, la pesca artesanal era solo el 3% de la captura, pero hoy representa más del 20% del total de desembarques. Aproximadamente, el 56% de los pescadores artesanales del país se concentra en el área de influencia del Río de la Plata y la costa oceánica. Hay 59 puertos pesqueros principales donde unas 675 embarcaciones explotan unas 50 especies de peces y mariscos.

La situación de la pesca artesanal en Uruguay es preocupante por la escasa inversión en equipamiento, tecnología y embarcaciones, la precariedad laboral y dificultades en la renovación generacional de pescadores. La mayoría de los pescadores artesanales se encuentra en una situación marginalizada, lo que dificulta el acceso a créditos y préstamos y su participación activa en la definición de los recursos y políticas.

Históricamente, la pesca artesanal en Uruguay ha recibido muy poca atención, pero una ola creciente de pescadores y emprendedores están desafiando el statu quo. Por medio de alianzas con el sector gastronómico, con investigadores, actores oficiales e iniciativas de desarrollo local, se están gestando y afianzando iniciativas innovadoras y transformadoras que tendrían el potencial de cambiar aquella situación.

Como parte del ciclo temático sobre sistemas alimentarios y prácticas sostenibles del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (SARAS, por su sigla en inglés), un grupo transdisciplinario recolectó y compiló diversas iniciativas prometedoras con la idea de difundir los esfuerzos que se están realizando, promover sinergias e imaginar futuros plausibles y sostenibles para la pesca artesanal.

SARAS es un centro de investigación interdisciplinaria con el objetivo de generar conocimiento y capacidades sobre la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos. Constituido en 2011, es una iniciativa conjunta de la Universidad de Wageningen, de Países Bajos, Resilience Alliance, de Estados Unidos, la Universidad de la República, la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Educación y Cultura.

Lo innovador de las iniciativas recopiladas radica en promover nuevas maneras de actuar y percibir la actividad pesquera, nuevas formas de revalorizar la cultura de la pesca artesanal, nuevas maneras de vincular la pesca y la gastronomía, nuevas tecnologías para reducir el impacto ambiental, nuevas formas de asegurar la calidad de los alimentos y nuevos caminos de coproducción de conocimiento.

Mediante una colección de relatos de los referentes de las iniciativas, pescadores artesanales, chefs, emprendedores, investigadores y comensales, se organizó un Catálogo Transformador de la Pesca Artesanal

(*)

. La publicación permite conocer el quién, el cómo y el por qué de cada emprendimiento, poniendo el énfasis en los objetivos y en las estrategias que han implementado para su concreción.

Mediante una consulta a referentes del sector, las iniciativas seleccionadas en el proyecto cumplen alguno de los siguientes criterios: haber sido nominada por al menos un actor que considera que la misma tiene impactos positivos e innovadores para el futuro de la pesca artesanal; y haber estado registrada previamente en artículos de prensa, sitios web, artículos científicos u otros medios de comunicación.

Cada iniciativa persigue un conjunto de objetivos diferentes a saber: posicionamiento, alcanzar un lugar diferencial; coproducción de conocimientos y soluciones; valor cultural, uso ordenado y sostenible del territorio costero; valor agregado a un producto, proceso y/o actividad; desarrollo comunitario de los pescadores y sus comunidades; y equilibrio entre el uso de los recursos y la conservación de los ecosistemas.

Las iniciativas

COOPESCONAND

es una cooperativa de pescadores artesanales del Río Negro, en el departamento de Flores, un grupo de familias que trabaja en la zona hace más de 30 años, que exploran con técnicos y especialistas en desarrollo rural y pesca la tecnologización de procesos y el fortalecimiento institucional, fomentando el consumo de pescado de agua dulce y poniendo en valor la pesca de río en Uruguay.

Abono de Mar

es una empresa dedicada, entre otros a la producción de compost a partir de los residuos de la pesca artesanal. De esta manera, resolvió el problema de qué hacer con varias toneladas de residuos orgánicos provenientes de la faena o fileteado del pescado fresco en la localidad de La Paloma, en el departamento de Rocha, que es una ciudad balnearia además de importante puerto pesquero.

Utilizando sus vínculos con la academia y con el sector, Abono de Mar fue concebido e incubado a través de programas de apoyo técnico, financiero y de equipamiento de distintas agencias y organizaciones. No solo aborda el problema ambiental, de olor, lixiviados y contaminación, sino que conecta a distintos actores como el municipio, pescadores artesanales, productores agrícolas y vecinos, entre otros.

Jardín Primitivo

es otro emprendimiento similar al anterior, dedicado al compostaje de los residuos de la pesca artesanal en Punta del Diablo, en el departamento de Rocha, mediante un enfoque de economía circular. En este mismo lugar funciona la

Escuelita de Pesca Artesanal

, orientada a revalorizar la pesca artesanal, mantener viva la tradición pesquera y proveer valor agregado a los productos locales.

El

Grupo POPA

por la Pesca Artesanal en Piriápolis surgió en 2011 para buscar soluciones a los problemas de la pesca artesanal en el municipio. Es un equipo de investigación-acción participativa que brinda un espacio para el aprendizaje mutuo entre pescadores, investigadores y otros actores. Desarrollaron unas trampas de pesca plegables que disminuyen la interferencia de los lobos marinos.

Almejas Palmares

, una empresa de Palmares de La Coronilla, en Rocha, se dedica al procesamiento y la venta de almeja amarilla a restaurantes. La iniciativa transformó la comercialización de la almeja, que antes solo se usaba como carnada.

Aquí se Pesca, Aquí se Cocina es un festival gastronómico dirigido a revalorizar la cultura de la pesca artesanal, fomentar el consumo de productos de mar locales y, con lo recaudado, ayudar a equipar comedores escolares. Inaugurado en 2016, se realizó durante cuatro años el fin de semana del 12 de octubre, tres veces en el puerto de Punta del Este y una vez en la rambla de Punta Carretas, en Montevideo.

Pacto Oceánico del Este

es un proyecto de la Corporación Gastronómica de Punta del Este con el fin de estrechar vínculos entre la pesca artesanal, los cocineros y los consumidores en el departamento. El objetivo es posicionar a Punta del Este como destino gastronómico y apoyar a 400 familias que dependen de la pesca artesanal. Se espera que la iniciativa también pueda replicarse en otros puertos del país.

Cocina de la Barra

, en la Laguna de Rocha, es un emprendimiento gastronómico asociativo de mujeres pescadoras, orientado a proveer valor agregado a la pesca local y mantener la identidad cultural del lugar. Aunque son nueve mujeres que participan directamente, el emprendimiento alcanza a las familias de pescadores y a la comunidad de La Paloma al comprar la pesca local a mejores precios.

Armonía

es una embarcación traída desde Maine, Estados Unidos, al Puerto de Punta del Este, pesca con jaulas para devolver al mar las especies no deseadas, buscando maximizar la eficiencia de los procesos y la calidad de los productos. La iniciativa debió sortear varios obstáculos, principalmente de orden burocrático, y actualmente provee de pesca local y fresca a varios restaurantes del balneario esteño.

Hermanos Kurta

, en Playa Verde de Piriápolis, es una empresa que se dedica a la pesca de especies costeras locales maximizando la calidad de los productos, las técnicas de procesamiento y almacenamiento, con asesoramiento de la Facultad de Veterinaria y de la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos). La iniciativa provee de pesca local y fresca a varios restaurantes de Montevideo.

(*) Catálogo Transformador de la Pesca Artesanal. Gianelli, I., Trimble, M., Rosa, S., Beretta, N., Dias, A.C., Villasante, S. (2021). Ciclo: “Saberes sobre la mesa. Hacia sistemas y prácticas alimentarias sostenibles”. Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (SARAS), Maldonado, Uruguay. DOI: 10.5281/zenodo.5751841

S.A.G

 

Movimiento por un Uruguay Sustentable

 

Comunicado de Prensa

 

Se necesitan acciones concretas para identificar y neutralizar las causas de las cianobacterias

 

Ante la proliferación de episodios de "floraciones" de cianobacterias a nivel nacional y regional, desde el MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable) expresamos nuestra profunda disconformidad ante la falta de acciones concretas para identificar y neutralizar las causas de este fenómeno. Monitorear y medir las floraciones no es suficiente.

 

Entendemos como insuficiente también y falto de contenido el comunicado conjunto del Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la OSE del miércoles pasado.

 

En lo nacional es indispensable tomar medidas específicas a nivel de las cuencas y subcuencas hidrográficas, involucrando la sociedad civil, para recuperar la calidad de las aguas superficiales y conservar las subterráneas. Para eso consideramos se debe mejorar el marco normativo dando poder real a las Comisiones de Cuenca creadas a partir de la ley 18610 e incluir en la legislación la penalización de las acciones en contrario de la calidad ambiental.

 

En tal sentido no pueden repetirse episodios como el del vivero de la empresa UPM que por años hizo uso de sustancias no autorizadas que contaminaron el agua de la zona, pero al que igualmente el MA permitió continuar con sus actividades y el MGAP ni siquiera le impuso una multa, y peor aún autorizó de manera "express" los productos en infracción.  

 

Se impone hacer un verdadero control de las sustancias que se utilizan en la actividad agropecuaria, prohibiendo inmediatamente aquellas que justificadamente no se permiten en otros países; controlar los vertidos industriales y hacer que los sistemas de saneamiento urbanos y suburbanos sean verdaderamente sistemas que saneen el agua.

 

Estas mínimas acciones son indispensables si pretendemos evitar el colapso ambiental de nuestro sistema hidrológico que permite la vida en el territorio y da competitividad a nuestro sistema productivo.

 

Entendemos que esto no se arregla con palabras bonitas y menos con acciones como autorizar a que UPM contamine diariamente un volumen de agua superior a diez días de consumo de Montevideo y el área metropolitana.

 

En lo regional nuestro país debe impulsar que este tema sea de la mayor prioridad y se integre en la agenda de todos los organismos e instancias de coordinación política; sin olvidar que la base de toda mejora del sistema está en evitar la contaminación.

Nos va en ello el futuro.  

 

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

13 de diciembre de 2022.

 

Contactos de referencia:

Ana Filippini        098 407 572

Raúl Viñas            099 648 685

Eduardo Gudynas 095 367 983

DIA DE REYES

 

DIA DE REYES EN SUEÑO SOLIDARIO

El merendero de Paso Carrasco está en campaña de recolección de juguetes, libros infantiles, etc.  Para el festejo del 6 de Enero.

Como todos los años, el Día del Niño en Agosto y el 6 de Enero se festeja en el Salón con regalos para más de 100 niños.

Quien quiera colaborar se comunica por el Facebook del Salón Sueño Solidario o con su distribuidor de La Fragua.

La 17

 

Triunfazo!

Las recientes elecciones en APMU resultaron  educativas para todas y todos en la Salud privada. Se pueden recuperar los sindicatos, se puede construir con democracia sindical y respeto, se puede tener una dirección que defienda a rajatabla a cada trabajador.

Así lo entendieron los trabajadores de la Médica que acudieron masivamente a votar y darle una amplia mayoría a la Lista 17.

Todo esto después de un periodo cargado de ataques a las compañeras y compañeros de la 17, incluyendo la persecución a dos de sus más reconocidos representantes, Agustín y Rosalba, a quienes se les quitaron sus derechos  en el Sindicato.

La 17 molesta por su papel en la FUS, como parte de una oposición a la dirección mayoritaria, burocrática y autoritaria, por su apoyo a las compañeras de Casa de Galicia, por su independencia.

Pero el mayor acierto de quienes dieron amplia mayoría a la 17 es hacerlo en momentos de avance de las patronales de la Salud, en momentos el que más necesario es tener una conducción comprometida con los trabajadores.

La Fragua