miércoles, 23 de diciembre de 2020
martes, 15 de diciembre de 2020
EXTRANJERIZACIÓN
13.DIC.20 | PostaPorteña 2171
EXTRANJERIZACIÓN EN LAS CADENAS AGRARIAS URUGUAYAS
Por NadiaAmesti/LucianoCostabel
Los Dueños De Todo
Una superficie del suelo productivo uruguayo mayor que la del departamento de Tacuarembó está en manos extranjeras, incluyendo las de empresas pertenecientes a otros Estados. Y quizás sea aún más grave lo que sucede en la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por ciento de la madera y sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el 64 de la soja y el 63 de la carne que produce este país se exporta y factura en beneficio de firmas foráneas.
Nadia Amesti /Luciano Costabel - Brecha 11 diciembre, 2020
En el marco de esta investigación, durante 2017 y 2018 se ingresaron dos solicitudes de acceso a la información pública ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pidiendo los datos de la cantidad total de tierras productivas pertenecientes a capitales extranjeros en nuestro país, pero en ambas ocasiones el ministerio se negó a entregar esta información. En su primera respuesta, la información solicitada fue catalogada como «confidencial». Tras la respuesta negativa, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo estatal encargado de velar por el derecho de acceso a los datos en manos del gobierno, instó a que se entregara «disociada o anonimizada» y calificó de «ilegítimo» el argumento empleado para definirla confidencial.
Sin embargo, la cartera negó nuevamente la información «por no estar obligado a producirla», pese a que el contador Aldo García, en su comparecencia ante la UAIP como representante del ministerio, sostuvo que «la información […] se encontraba materialmente» en el organismo. En esa instancia, por toda respuesta, se entregaron los datos públicos del Censo General Agropecuario de 2011.
El camino para intentar completar la información se haría largo. Esta investigación tuvo que recurrir a infinidad de fuentes (institucionales, académicas, medios de comunicación y estados contables de las empresas, entre otras) para comprobar que hasta 2018, bajo diferentes figuras jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8 millones de hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de tierras productivas del país, lo que equivale a una superficie mayor a la ocupada por el departamento de Tacuarembó.
Dentro de ese listado se destacan las empresas dedicadas a la forestación. Mediante diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más de 920 mil hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total ocupada por esta actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia de tierra son las vinculadas a las plantas de celulosa instaladas en nuestro país. UPM (Finlandia) y Montes del Plata (joint venture entre Arauco, de capitales chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255 mil y 246 mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a través de arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión estadounidense Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil hectáreas, y el banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más grandes de Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa forestal LUMIN (ex-Weyerhaeuser).
Asimismo, se confirmó que de los 31 conglomerados relevados, 12 tienen su origen en Brasil, Argentina y Chile, y nueve en Europa (Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Finlandia y Suecia). Además, se observó una fuerte presencia de inversiones con origen en Estados Unidos, China, Singapur y Japón.
La mayoría de esas empresas (23 sobre 31) incluyen en su arquitectura empresarial una rama financiera, que capta capitales cotizando en bolsas de valores nacionales o internacionales (se constató su presencia en las bolsas de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Bruselas y Singapur) o atrayendo fondos de inversión.
Luego de la crisis global de 2008, buscando asegurar su capital, los inversores transnacionales se volcaron fuertemente a la compra de tierras y proyectos de explotación de recursos naturales en el sur global, según se explica en un Informe de Redes Amigos de la Tierra publicado en 2012. Como consecuencia, el informe sostiene que, además de los actores empresariales clásicos «fueron apareciendo [en Uruguay] nuevas formas de organización del capital, integrando diferentes rubros productivos y con nuevas estrategias de actuación».
Dentro de las nuevas formas de organización se encuentran los fondos de pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que agrupan accionistas de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de tierras, producción de commodities, intermediación y comercialización agrícola.
Entre ellos se destaca el fondo de inversión estadounidense Greenwood Resources, que posee 27 mil hectáreas en nuestro país dedicadas a la forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de inversión RMK Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de familias y bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y profesores.
Por su parte, el Forestal Atlántico Sur (FAS), asociación entre capitales chilenos y uruguayos, posee 41 mil hectáreas propias. Hasta 2018, FAS gestionaba además los predios de LMAT Uruguay Holdings SRL (14 mil hectáreas), empresa subsidiaria de Liberty Mutual, una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos, y los de Guanare SA (49 mil hectáreas), propiedad de la Universidad de Harvard, que invierte para financiar las becas de sus estudiantes.
Fuera del sector forestal, el caso más destacable es el del Union Agriculture Group (UAG), que fue presidido por el actual senador del Partido Nacional, Juan Sartori. UAG cotizó en la bolsa de valores de Montevideo hasta 2019 y posee más de 83 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la lechería y el cultivo de arroz. En este fondo participan inversores de origen canadiense, estadounidense, europeo y chino.
Los fondos de inversión mencionados, a excepción de UAG, se constituyeron en el exterior. Sin embargo, en nuestro país también se han desarrollado proyectos con miras a captar financiamiento, adquirir campos y hacer inversiones; la estructura predominante en este caso es el fideicomiso de oferta pública.
Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos financieros (FF), que suman más de 237 mil hectáreas productivas entre las ya adquiridas y las que proyectan comprar, y acumulan una inversión de más de 1.200 millones de dólares.
La administración de los proyectos, en nuestro país, se reparte entre cuatro empresas. TMF Uruguay –de origen holandés– administra dos FF, al igual que Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión, que forma parte de un grupo que tiene sede en Bahamas y oficinas en Hong Kong, Montevideo e Islas Caimán. En tanto, Trust AFISA (un FF) tiene sede en nuestro país, pero la mayoría de los accionistas son argentinos. Finalmente, EF Asset Management (cuatro FF) tiene origen en Uruguay.
Estas empresas delegan la producción en seis agentes operadores, de los cuales sólo dos son de origen uruguayo (Agroempresa Forestal SA y Okara Ltda.). Entre estos, se destaca Cambium Forestal Uruguay SA, empresa formada en 2007, que es subsidiaria de la chilena Cambium SA y en nuestro país administra unas 140 mil hectáreas, distribuidas en diez departamentos.
Las evaluaciones llevadas a cabo por la calificadora de riesgo CARE detallan que los inversores obtienen ganancias por el arrendamiento de los campos, la venta de producción y la liquidación de los terrenos al finalizar el proyecto, dependiendo del plan productivo establecido. Al respecto, se especula con un aumento en el precio de la tierra a futuro, ya sea por la tendencia de los últimos años o por las mejoras realizadas en los predios.
Si bien en nuestro país las inversiones en fideicomisos provienen, principalmente, de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP), según el excalificador de CARE y exanalista de la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) del MGAP, Juan Peyrou, la estructura da la posibilidad de conservar el anonimato a los inversores.
Hecha la ley…
Los cambios en la propiedad de la tierra producidos en los últimos años son evidentes. Según el Censo General Agropecuario realizado por el MGAP (2011), en el año 2000 los propietarios (personas físicas) de nacionalidad uruguaya controlaban el 90,4 por ciento de la superficie productiva, pero en 2011 sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento.
Al mismo tiempo, buena parte de la tierra pasaba a ser poseída por sociedades, la mayoría de ellas anónimas, que pasaron de disponer del 1 por ciento del territorio a controlar el 43,1. Si bien no es posible establecer que todas las sociedades anónimas sean extranjeras, los investigadores Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo sostienen que, durante ese período, por lo menos el 20 por ciento de las tierras transadas en el mercado (más de 1,5 millones de hectáreas) fue a parar a manos de extranjeros por esta vía.
Frente a la profundización de ese fenómeno, durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron dos leyes con el propósito de regularizar e identificar a los agentes que podían acceder a la compra de tierra en nuestro país. La ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones podían ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias «siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas».
El motivo de la ley era claro: identificar a las personas físicas «que por sí o a través de diversas formas societarias o asociativas» fueran titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Sin embargo, en el artículo 2 de su decreto reglamentario, se establecieron una serie de excepciones que posibilitaron que diferentes entidades, cuyos titulares son desconocidos, pudieran acceder a la titularidad. De esta forma, entre 2007 y 2018 unas 161 entidades se acogieron a estas excepciones, según el registro realizado con base en datos extraídos de la página web de Presidencia. Más de la mitad de las autorizaciones se otorgó en el entendido de que la actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de un proyecto cuya ejecución se consideraba prioritaria para el desarrollo productivo del país.
Si bien el exministro del MGAP Enzo Benech sostuvo que se revisaban las empresas para conceder las autorizaciones de tenencia de tierra porque se debía saber «quiénes son los dueños», el director de OPYPA, Adrián Tambler, reconoció que si cotizaban en la bolsa de valores, «automáticamente reciben autorización» para tener tierras.
La otra ley de relevancia en este aspecto fue la aprobada en 2014, que estableció la prohibición de compra y tenencia de tierras, con finalidades de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o instaladas en el país en las que tuviera participación directa o indirecta un Estado extranjero.
Sin embargo, a un mes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas se daba por notificado de la adquisición por parte del grupo COFCO, una de las mayores compañías estatales de procesamiento de alimentos de China, del 51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble. La empresa china, que buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en 2015 la adquisición del total restante de la compañía.
El grupo Noble, ahora en propiedad de COFCO, estaba presente en Uruguay mediante la empresa Evera SAC y controlaba 24 mil hectáreas dedicadas a la agricultura. Además, en la actualidad, el grupo chino tiene centros de acopio y vende cereales y oleaginosos en nuestro país.
Cuatro años después, una resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay daba cuenta de que la empresa UAG no había informado que «la empresa china Chengdong Investment Corporation poseía de forma indirecta más del 10 por ciento del capital con derecho a voto de Union Agriculture Group».
La omisión de informar fue debidamente multada, sin embargo, no parece haberse reparado en que, como esta investigación constató en diversas fuentes, la empresa Chengdong Investment Corporation es una subsidiaria del fondo soberano de inversión China Investment Corporation (CIC), responsable de administrar parte de la reserva internacional de ese país. Además, según informó Búsqueda (2018), en el UAG también participa la institución financiera de desarrollo Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, subsidiaria del banco KFW, del gobierno alemán.
La firma CIC habría sido modelada de acuerdo al fondo de inversión estatal Temasek de Singapur, que también está presente en Uruguay. En el caso de Temasek, controla el 58,4 por ciento de las acciones del grupo Olam, que en nuestro país cuenta con 66 mil vacas lecheras y 32 mil hectáreas dedicadas a esa actividad.
Las penas y las vaquitas
Paralelamente a la llegada de capitales transnacionales orientados a la compra de tierras, en los últimos 15 años se observó un proceso de extranjerización en la fase industrial y comercial de los principales sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra ascendió al 70 por ciento.
Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y Montes del Plata concentraron el 80 por ciento de las exportaciones del sector forestal en 2018. En tanto, del porcentaje restante, vinculado a las exportaciones de madera y productos derivados de la madera, un 60 por ciento correspondió a empresas extranjeras. Dentro de esas empresas se da un caso particular con Uruply SA (responsable de un 9 por ciento del total exportado en 2018), ya que es subsidiaria de BTG Pactual TIG, grupo que, como se dijo, posee 120 mil hectáreas en nuestro país a través de la empresa LUMIN y además controla el 100 por ciento de SAMAN SA. En 2018 la empresa arrocera efectuó casi la mitad de las exportaciones del sector, siendo la principal industria de procesamiento de arroz en Uruguay.
Ese mismo año, el 72 por ciento de las exportaciones totales de arroz se adjudicó a cinco empresas extranjeras, mientras que en 2005 la participación de extranjeras era del 13 por ciento. Tambler sostuvo que en esta cadena productiva se da un proceso de extranjerización, pero apreció que «no se han visto impactos negativos aunque la mitad del mercado la haya comprado un brasileño».
Por su parte, el sector agrícola presenta la particularidad de que los capitales transnacionales participan, mayormente, en las fases inicial y comercial. Es así que, el 64 por ciento de las exportaciones de soja en 2018, principal grano producido en Uruguay, fue realizado por cinco firmas extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Syngenta AG, CHS Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la participación de capitales extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a 2005, según los datos analizados.
A partir de la investigación llevada a cabo, fue posible confirmar que las cinco poseen tierras en nuestro país, aunque sólo se pudo acceder a información de dos de ellas. El grupo LDC (francés) es propietario del 29 por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas destinadas a la agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino) suma más de 21 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.
Finalmente, a partir de 2006 se inició un intenso proceso de concentración por parte de capitales extranjeros en la fase industrial del sector cárnico uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los principales frigoríficos del país. Según se explica en el documento elaborado por Uruguay XXI, en este rubro resulta más sencillo adquirir una empresa instalada que satisfacer los requerimientos necesarios para instalar una nueva planta, además de que existe poco margen para instalar nuevos establecimientos de gran porte.
Para comprender el impacto de este proceso, se hizo una comparación entre las principales empresas exportadoras de carne bovina entre 2004 y 2018, de la que surge que, mientras en 2004 la participación de empresas extranjeras en el total exportado era de 26 por ciento, en 2018 el guarismo ascendió a 63. Sumado a ello, cinco de los 11 frigoríficos pertenecientes a capitales nacionales en 2004 habían pasado, en 2018, a manos extranjeras.
La mayoría de las empresas que cambiaron de propiedad durante ese período fueron adquiridas por dos grupos económicos brasileños. Actualmente, el grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler SA, Establecimientos Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods (frigoríficos Canelones SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete frigoríficos en Uruguay que en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de carne bovina del país.
«La tierra es de la nación», decía en 2009 José Mujica, quien sería electo presidente ese año. Sin embargo, una década después, el agro uruguayo se resume en la imagen de un campo cada vez más despoblado, de grandes superficies y actores fantasmas, donde las decisiones sobre qué producir y cómo hacerlo son tomadas por grupos extranjeros que controlan los factores de toda la cadena productiva y la regulan según la infalible lógica del mercado internacional. Quienes invierten, también extranjeros, especulan con los resultados a futuro, algunos de ellos para pagar becas universitarias o pensiones, otros, directamente, para capitalizar sus reservas nacionales y, de paso, tener el poder para incidir en la soberanía de un país ajeno.
jueves, 10 de diciembre de 2020
MOVUS
TRIBUNAL DESESTIMÓ LA APELACIÓN DEL MOVUS Y SE SUMÓ
AGUA
Cotizarán reservas de agua en Wall Street
El estado de California comenzó a cotizar en la bolsa de valores el precio de sus reservas de agua, ya que en el último año el precio de este recurso se ha duplicado. La empresa de mercados globales CME Group indicó que con la llegada al mercado de este recurso se hará "una mejor gestión del riesgo futuro".
Martes 8 de diciembre | 10:21
Chicago Mercantil Exchange (CME Group) lanzó al mercado el índice del Agua de Nasdaq Veles California, que supone el primer indicador para el precio del recurso, esto debido a que el estado ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos ha venido con un déficit en el abastecimiento de agua en los últimos meses.
Según el sitio web de CME Group, el indicador del precio del agua NQH2O, es una nueva solución de derivados para cubrir la exposición al precio del agua, y consideran que las fluctuaciones de este recurso pueden apoyar en la administración del riesgo de precio asociado con la escasez de agua en el mercado de agua más grande de Estados Unidos.
Este indicador funcionará rastreando el precio de los arrendamientos de derechos de agua y las transacciones de venta en las cinco regiones más grandes y más comercializadas de California, además de las transacciones de derechos de agua del mercado de aguas superficiales y de las cuatro cuencas de aguas subterráneas adjudicadas: la cuenca central, la cuenca del Chino, la cuenca principal de San Gabriel y la subárea Alto de la cuenca de Mojave.
Esta decisión fue tomada por empresarios del estado, ya que según ellos, el precio del agua en California se ha duplicado en el último año y supuestamente, según este indicador -y sumado a la mayor escasez de este recurso-, la llegada al mercado de materias primas permitirá "una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien".
Según CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados.
Una distopía presente
La tarde de este lunes los medios estallaron con encabezados del tipo "por miedo a la escasez, el agua ya cotiza en Wall Street" o "El agua comienza a cotizar en mercado de materias primas", que más bien parecería el inicio de una película distópica de un fin del mundo cada vez más cercano.
De hecho, Naciones Unidas ha advertido durante mucho tiempo que el cambio climático está provocando sequías graves y más inundaciones, lo que hace que la disponibilidad de agua sea cada vez menos predecible, impactando a los sectores populares y precarizados en primer lugar.
De hecho, en California, la racha seca aguda más reciente se extendió desde diciembre de 2011 hasta marzo del año pasado. Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, los efectos más graves se produjeron en julio de 2014, cuando el 58% de la tierra del estado sufrió una "sequía excepcional", lo que provocó pérdidas de cultivos y pastos y otras emergencias relacionadas con el agua.
Este año la estación seca provocó una de las oleadas de incendios más fuertes de las que se tienen registros, misma que no solo se acotó al estado, sino a todo el oeste del país, mientras que el sur de la costa este sufría los efectos de una de las temporadas de huracanes más activas de los últimos años, todo en medio de la pandemia del Covid-19.
China y Estados Unidos son los principales consumidores de agua en el mundo, esto debido a una explotación excesiva de este recurso por la industria, la mega minería y el agronegocio, así como los efectos del cambio climático. Todo esto ha llevado a que este recurso sea cada vez más escaso.
Para las empresas que cotizan en la bolsa de valores existe un gran interés para predecir hacia donde fluctúan los precios de este recurso, sobre todo para empresas agrícolas, pues según analistas, "esto aminorará las pérdidas en sus ganancias".
Sin embargo, quienes más resentirán la escasez futura del agua serán los más pobres y quienes no puedan pagar este recurso. Actualmente, dos mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas podrían verse desplazadas.
(De La Izquierda diario)
martes, 1 de diciembre de 2020
CULTURALES
UMA RELANZA SU CARRERA ARTÍSTICA
La
artista UMA, de Ciudad de la Costa, relanza su carrera artística con la
grabación de un nuevo material audiovisual en formato en vivo. Luego de su
videoclip “Para Encontrarte”, lanzado en 2019, “Morder el Cielo” y “Moscas en
la Casa” son las dos nuevas canciones de la artista costense. Fueron grabadas
en formato en vivo en el estudio Lobos del Pinar, bajo la consigna de Live
Session y estuvo acompañada por su banda soporte. Ambos videos están
disponibles en su canal oficial de Youtube: Uma Uruguay.
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EMISIÓN DESPIDE EL AÑO EN LA
SALA EXPERIMENTAL DE MALVÍN
El
próximo miércoles 23 de diciembre Emisión despide el año en la Sala
Experimental de Malvín, con el lema “Abriendo y Cerrando el 2020”, debido a la
pandemia y la inactividad en los escenarios. En febrero del 2020 lanzan su
nuevo sencillo titulado “Sentires”, el cual presentarán junto con toda su
discografía y artistas invitados. Se convoca al show a las 20.30hs, será con
capacidad limitada, y las entradas podrán conseguirse con el equipo de
producción de la banda a través de sus redes sociales (Facebook, Instagram y
Twitter).
MOVUS
Comunicado de prensa
MOVUS APELARÁ FALLO JUDICIAL QUE DESESTIMÓ ACCIÓN DE AMPARO
Por considerar que siguen plenamente vigentes los fundamentos de la acción de amparo ante la Justicia que propone la suspensión de la construcción de la nueva planta de celulosa de UPM mientras no se cumplan determinados requisitos de la autorización ambiental, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) apelará la sentencia de primera instancia que desestimó dicha acción de amparo.
La sentencia tiene, no obstante, aspectos a destacar. En primer lugar, no aceptó los alegatos de la defensa de UPM para que se rechazara de plano la acción del Movus. UPM cuestionó la legitimidad de los denunciantes, el momento para realizar dicha acción y, por último, la procedencia de la acción de amparo para tratar esa denuncia.
Ninguno de estos argumentos fue admitido por la jueza Magela Otero. En segundo lugar, la sentencia reconoció que la acción del Movus está referida en forma exclusiva a la protección de derechos de rango constitucional, que se busca proteger y preservar el ambiente sano y necesario para el desarrollo de la vida digna, el derecho a la seguridad e igualdad en defensa de intereses colectivos y que se permita el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales.
Por último, la jueza Otero desestimó la denuncia del Movus por el incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental de la planta de celulosa al entender que no se configuró una "ilegitimidad manifiesta" por parte de UPM dada la multiplicidad de proyectos presentados por la empresa y que, cuando no lo hizo "se ha solicitado prórroga y así le ha sido concedida por el hoy Ministerio de Ambiente". "La conducta no aparece como manifiestamente ilegítima al estar dotada de cierta razonabilidad", afirma la sentencia.
De esta frase deducimos dos consideraciones muy importantes: una, que la jueza Otero reconoce que hubo incumplimientos y, dos, que desestima la demanda por una apreciación sobre la razonabilidad o no de ese incumplimiento, algo que no corresponde evaluar en una acción de amparo. En efecto, no corresponde a la acción de amparo valorar cuáles fueron los motivos del incumplimiento y si estos fueron razonables o no. La acción de amparo se realiza ante la existencia de un daño inminente al no ser efectuadas determinadas acciones con el fin de evitarlo. Por lo tanto, lo que debe verificarse estrictamente en el tratamiento de la acción de amparo es si hubo o no incumplimientos. Y en este caso los hubo.
Para justificarse, la jueza Otero distingue entre la presentación y la aprobación de los proyectos. "Se presentaron los proyectos casi en su totalidad dentro del plazo legalmente previsto (…) cosa distinta es que hayan sido objeto de aprobación". "No existe plazo para su aprobación, más allá de la exigencia de que no podrán iniciarse obras sin que se cuente con la misma", reitera en la sentencia.
La cuestión clave de la demanda del Movus es que todos los proyectos NO tienen la misma importancia en los requisitos de la autorización ambiental. Hay dos proyectos que debieron ser aprobados antes de iniciadas las actividades de construcción de la planta. Esos proyectos son la definición de la Línea de Base y el sistema de dilución de los efluentes en el Río Negro. Vamos a explicar por qué son previos.
El Movus denunció que se inició la construcción de la planta sin tener definida la Línea de Base, es decir, las condiciones ambientales previas en el área de influencia del proyecto para medir después los impactos en su transcurso. La resolución ministerial del 14 de mayo de 2019 otorgó la autorización ambiental con la condición de que se hicieran esas mediciones al menos un año antes de iniciar las obras.
UPM no pudo demostrar que la denuncia del Movus fuera infundada, pero en su lugar buscó desviar la la discusión alegando que la Línea de Base cambia constantemente y se ajusta sobre la marcha de las obras, lo cual es falso, y que el sistema de dilución de los efluentes no se estaba construyendo, por lo que no era necesario que se hubiera presentado el proyecto para su autorización definitiva por la Dinama. Si la Línea de Base de un proyecto es, por definición, el estado del medio ambiente en su zona de influencia antes de iniciadas las actividades, es obvio que ese estado no puede ser modificado después pues se estarían falseando los impactos del proyecto.
Asimismo, si UPM no puede presentar una solución satisfactoria para la dilución de los efluentes, es obvio también que la planta no puede localizarse en ese lugar. A pedido de UPM, la dirección de la Dinama informó a la jueza Otero que “de los antecedentes Administrativos no surge que se haya constatado daño ambiental alguno o peligro inminente derivado de la ejecución de las obras indicadas”. ¿Quiere decir que, como no se ha registrado un daño, lo que se está haciendo es correcto? ¿Hay que esperar que se produzca el daño para actuar? Evidentemente, no. Estas afirmaciones de la dirección de la Dinama no refutan la denuncia del Movus porque, mientras se otorgaron autorizaciones para diversas actividades, los técnicos del organismo no dejaron de señalar su preocupación por las consecuencias de los incumplimientos de UPM en la presentación del Plan de Monitoreo Ambiental y del sistema de dilución de los efluentes, entre otros proyectos.
Estos dos aspectos no son algunas partes del proyecto como tantas otras, sino la condición necesaria para poder evaluar sus impactos ambientales y para definir la viabilidad de una planta de celulosa de tales dimensiones en ese lugar. Pretender seguir adelante sin esos requisitos es una decisión imprudente e irresponsable y este fue el fundamento de la acción de amparo presentada por el Movus.
Por estas razones, seguiremos adelante con esta acción de amparo y recurriremos al procedimiento legal establecido, apelando la sentencia referida.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
24 de Noviembre de 2020