Chile

 

Chile: el proyecto de mega puerto de San Antonio se aprovecha de la ley de la selva neoliberal Ausencia de una ley de puertos y de una autoridad portuaria Fausto Giudice nov. 14   LIRE DANS L'APP   Fundación Nueva Educación y Sociedad (FNES), Santiago de Chile, noviembre de 2025 Nuestra loca geografía, propia de un país extremadamente largo y por ello con variedad de paisajes contrastantes debido a sus catorce climas, regula, como expresión de un fuerte determinismo geográfico, la ocupación real de su largo litoral de 4.270 kilómetros en términos latitudinales y de sus 10.000 kilómetros, en el caso de seguir todas las sinuosidades de su accidentada costa (canales, bahías, fiordos, desembocaduras fluviales e islas). Así, la instalación portuaria, depende fundamentalmente de las escasas planicies litorales que en forma natural ofrece nuestra geomorfología en el Norte Grande, Norte Chico y centro del país, tratándose en estos casos de la costa pareja. En el caso de la costa desmembrada a partir del Canal de Chacao, las posibilidades son para naves pesqueras de escaso calado, mientras en territorio patagónico los escasos puertos corresponden a los espacios que ofrecen los grandes canales, protegidos de los bravos vientos oceánicos del oeste por el arco de islas que deja en su prolongación nuestra Cordillera de la Costa. Estos son: Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, Punta Arenas y en la ribera sur del Estrecho de Magallanes, aunque de menor tamaño, Puerto Porvenir y su prolongación en nuestro territorio antártico. Grave resulta, –para un desarrollo más o menos armónico de las actividades económicas relacionadas con la explotación de recursos pesqueros o un adecuado y equilibrado uso portuario que permita la debida complementariedad entre regiones, y para una mejor redistribución de beneficio nacional–, la inexistencia de una autoridad marítima o portuaria. Según un documento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 2023, Chile cuenta con un total de 72 instalaciones portuarias, desglosadas en 13 puertos públicos de uso público, 15 puertos privados de uso público y 44 puertos privados de uso privado. Los puertos más destacados son San Antonio y Valparaíso, que manejan una gran parte del comercio exterior del país. Una parte de dichas instalaciones (13) corresponden a Concesiones Portuarias, que existen gracias a la Ley 19.542 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que modificó la llamada industria portuaria en Chile, y que comprende los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas (los puertos más grandes del país). Los restantes puertos (59) corresponden a Concesiones Marítimas, consagradas por el DFL N° 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda, ley que las regula y que otorga a la autoridad marítima dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, la facultad de controlar, fiscalizar y supervigilar las playas, terrenos fiscales, aguas y otros bienes de la costa nacional. Esta ley establece causales de término de estas concesiones, como la muerte del concesionario o el incumplimiento de obligaciones, y establece el pago de una renta sobre el uso de los terrenos fiscales. Debe tenerse presente que la única tentativa de administración general y soberana de este mar que promete un futuro esplendor, se hizo durante el gobierno popular del Presidente Salvador Allende, mediante la creación de un Ministerio del Mar, del que nunca más se volvió a hablar. Por el contrario, en su pertinaz política antinacional en favor del gran capital depredador, la dictadura militar-empresarial decretó en 1980 concesiones portuarias que reemplazaron la vigencia de la antigua EMPORCHI, generando un libertinaje competitivo entre los dueños del mar, que los gobiernos neoliberales que la sucedieron, lejos de corregir, han acentuado. Es de destacar que Chile es el único país de Latinoamérica que carece de autoridad portuaria. Ejemplo de los daños a que conduce esta ausencia de una autoridad competente, fue la aparición de un antinatural fenómeno de marea roja, que hace poco más de una década afecto a las costas de la Décima Región (Puerto Montt y Chiloé), y que los pescadores artesanales denunciaron como resultado de los compuestos artificiales aplicados a la salmonicultura, industria depredadora y generadora de un activo lobby entre autoridades y miembros del poder legislativo. En cuanto al tamaño de los barcos por atender en Chile, no existen puertos capaces de operar naves con 15 mil TEUs (contenedores), los cuales requieren puntos de atraque para atender barcos de 19 metros mínimos, inexistentes en nuestro país. A esta situación se agrega la argumentación de quienes plantean la existencia de una “infraestructura marítima saturada”, y destacan la existencia de frentes de atraque viejos, con poca mantención, carentes de tecnología avanzada, juicios bajo los cuales se plantea el desafío de proyectar instalaciones capaces de recibir buques de última generación (Super-Post-Panamax, que portan más de 15 mil TEUs). En el año 2019, la Cámara de Diputados constituyó una Comisión Investigadora que duró tres meses, con el objetivo de dar cuenta si la Ley 19.542 se ajustaba a la realidad actual. El informe reconoció que la ley está desactualizada por lo que debería generarse una nueva ley. Hasta ahora no se sabe de ninguna preocupación que asuma los resultados de su investigación y aborde sus conclusiones. Dada la realidad existente, el Poder Ejecutivo, ante la necesidad de que Chile pueda contar con un puerto de mayor envergadura a los existentes, autorizó sin participación ciudadana ni social el proyecto “Puerto Exterior”, basado en una ampliación del puerto existente en San Antonio. Este proyecto, –también conocido como como “Dársena Outer Port”, “Megapuerto”, “Puerto a Gran Escala”–, se plantea como una obra de Estado constituido por 2 Frentes de Atraque, cada uno con operadores distintos, para atender en forma simultánea 8 naves de la Categoría “E” (naves que traen a bordo 15 mil TEUs), lo que permitiría movilizar 6 millones de TEUs al año. Este proyecto, bajo la administración de la Empresa Portuaria de San Antonio, ya se encuentra en marcha, con una fuerte oposición de la Comunidad Sanantonina. Población Juan Aspeé En abril de 2020 el proyecto ingresó al Sistema de Impacto de Evaluación Ambiental, contando con la aprobación de admisibilidad, por lo que ahora los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) deben pronunciarse al respecto, cuestión que requiere de un proceso de Participación Ciudadana y Consulta Indígena. A la fecha se han elaborado dos Adendas con 180 modificaciones, de las cuales 40 se han declarado sustantivas. Se debe dar forma a una última adenda, necesaria para el logro de una resolución de calificación ambiental (RCA), mediante la cual debe resolverse su aprobación o rechazo. Lagunas de Llolleo, popularmente conocidas como Ojos de Mar. A la izquierda la Plataforma de Logística Internacional de San Antonio Mientras ello se verifica, se llamó a una licitación internacional en la que están participando cinco empresas precalificadas en un proceso que partió en enero de 2025. Entre las ya incorporadas destacan los consorcios Acciona-Deme (España/Bélgica), Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. (Corea), Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica) y la China Harbour Engineering Company CHEC, que a priori cumplirían los requisitos técnicos y administrativos, así como con la experiencia exigida en la construcción de infraestructura marítima de gran escala. El Puerto Exterior en San Antonio es el proyecto de infraestructura portuaria más grande en la historia de Chile y una iniciativa estratégica para el comercio exterior del país, que aspira a convertir a la ciudad en un eje del Pacífico, triplicando la capacidad para acoger naves de gran envergadura. Uno de sus argumentos en defensa del proyecto es la creación de empleo. En tal sentido Omar Vera, alcalde de San Antonio, anunció que el proyecto crearía hasta 20 mil puestos de trabajo. Sin embargo, este dato es desmentido por activistas de la comunidad, quienes señalan que según la Empresa Portuaria San Antonio, EPSA, los datos proyectados hablan de solo 2.020 obreros, es decir, diez veces menos. Este tipo de comunicación optimista –se alega– no es más que un «lobby encubierto» que busca manipular a la opinión pública, pues, de esos 2.020 empleos, más del 70% a 80% requeriría mano de obra especializada, la cual provendría de otras regiones o incluso desde el extranjero, dejando a la población local con muy pocos beneficios reales. Además, asegura que la automatización y robotización del puerto implicarán una constante reducción de puestos de trabajo, lo que en el largo plazo generaría una precarización laboral y un aumento del desempleo en la zona. Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipoo La vocación turística de San Antonio es otro punto crítico, un patrimonio medioambiental que se sacrifica por la perspectiva del poder económico. Más allá de su perfil portuario, la localidad ofrece un notable potencial turístico donde los valles y las vistas panorámicas se conectan con un borde costero de playas y un humedal en la desembocadura del Río Maipo de gran biodiversidad de especies permanentes y estacionales, que desaparecerían sepultados bajo el cemento, convirtiendo San Antonio en una gran bodega. Como ejemplo de lo anterior, el proyecto de Puerto Exterior amenaza directamente la existencia de la extensa playa de Llolleo, un espacio de gran valor cultural, deportivo y ambiental, al allanar y meter cemento, matando toda la vida existente, en una acción que no solo destruiría un ecosistema fundamental para la zona, sino que también eliminaría una fuente de sustento y un espacio de encuentro para la comunidad. La destrucción de estos espacios también afecta la diversificación económico social considerada vital para San Antonio pues, al centrar toda la actividad en una única industria, se cierra la posibilidad para que la ciudad desarrolle un modelo que combine el puerto con el turismo, los servicios y la preservación de la naturaleza y otros procesos de desarrollo económicos sociales concebidos a escala humana. Es necesario considerar también que en 2011, la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica realizaron el Índice de Calidad de Vida Urbana que clasificó a San Antonio como una de las comunas con menor calidad de vida en Chile. Aunque en 2025 una encuesta de la fundación Piensa, indicó una mejora respecto a 2011, San Antonio aún no se encuentra en un nivel óptimo. Para los habitantes de la localidad, la obra portuaria representa una amenaza directa a su salud y bienestar. Parque de Deportes y Recreación En suma, el debate sobre el Mega Puerto ha abierto una preocupación y el examen de diferentes situaciones que han permanecido ausentes del conocimiento y el juicio social y ciudadano como: ¿Cuál es el rol y la incidencia de organismos e instituciones como la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT? ¿Cómo operan las concesionarias de los puertos de Chile? ¿Qué grado de fiscalización y control efectúa el Estado sobre nuestros puertos y su funcionamiento? ¿Quiénes son los propietarios de las concesionarias? ¿Qué iniciativas podríamos efectuar para estimular el conocimiento de la realidad portuaria del país? ¿Por qué no distribuir toda la capacidad que se pretende concentrar en San Antonio en otros cuatro o cinco puertos a lo largo del país logrando un desarrollo más armónico? ¿Cómo apoyar la lucha de la Comunidad Sanantonina en la defensa de su medio ambiente e impedir profundizar su condición de zona de sacrificio? La ciudadanía debe informarse y opinar.

Gideon Levy

 

¿Una comisión israelí de investigación sobre el 7 de octubre? Una vaca sagrada que no logrará prácticamente nada Fausto Giudice nov. 14   LIRE DANS L'APP   Gideon Levy,, 12/11/2025 Haretz Traducido por Tlaxcala De entre la mult  Haaretz itud de temas por los que el movimiento de protesta israelí debe seguir luchando, una comisión estatal de investigación sobre el desastre del 7 de octubre debería ser el último. Para el campo del “cualquiera menos Bibi”, es otro intento de destituir al primer ministro Benjamín Netanyahu. Es dudoso que esto ocurra incluso si la comisión se establece. Una comisión estatal de investigación es una garantía de pérdida de tiempo, una distracción de lo verdaderamente importante, una vaca sagrada y estúpida que incluso podría jugar a favor del primer ministro. La oposición antigubernamental ya ha comenzado a fantasear: la Comisión Agranat, que examinó los fallos que precedieron a la Guerra de Yom Kippur de 1973, será resucitada, y Netanyahu dimitirá, como lo hizo Golda Meir. Eran Wolkowski Una pandilla de jueces encumbrados y generales geriátricos celebrará sesiones soporíferas durante dos o tres años, al final de las cuales el público recibirá conclusiones enrevesadas, la mayoría de ellas técnicas: si se desplegaron o no los tanques; si las tarjetas SIM de los teléfonos de miembros de Hamás fueron o no activadas. Ninguna comisión se atreverá a abordar la raíz del problema: la política de todos los gobiernos israelíes, no solo el actual, hacia la Franja de Gaza y el pueblo palestino. A fin de cuentas, solo quisieron gestionar el conflicto; ninguno pensó en resolverlo. La comisión no tratará este tema. Centrarse en la creación de una comisión de investigación es inútil. Su definición específica —estatal, gubernamental o sistémica— también es un punto marginal. En la realidad política actual, cualquier comisión de investigación, incluso una estatal —el nivel más alto— decepcionará a quienes esperan ver a Netanyahu expulsado ignominiosamente de todos sus cargos oficiales: el deseo principal, y posiblemente el único, de quienes exigen su creación. No se necesita una comisión para entender que hubo un fiasco. No se necesitan años de deliberaciones para determinar que “las Fuerzas de Defensa de Israel no mantuvieron su capacidad de enfrentar una guerra sorpresa”, como determinó esta semana el Comité Turgeman. Una comisión no ayudará a satisfacer el deseo de atribuirle toda la culpa a Netanyahu. La Comisión Agranat eximió completamente a los líderes políticos de toda responsabilidad e incluso los elogió; la Comisión Kahan, que investigó la masacre de Sabra y Chatila en 1982, llevó a la salida de Ariel Sharon del Ministerio de Defensa, solo para que se convirtiera en primer ministro menos de una década después. Ninguna de estas comisiones —las más exitosas que hemos tenido— contribuyó a generar los cambios necesarios. La Comisión Agranat no cambió a Israel. Quien transformó el Estado fue el primer ministro Menájem Beguin al firmar el tratado de paz con Egipto algunos años después. Si hubiera dependido de la Comisión Agranat, habría bastado con reabastecer los almacenes de emergencia, ampliar el ejército y añadir más escuadrones de la Fuerza Aérea. Ninguna comisión se atreverá a concluir que había un contexto para el 7 de octubre que debe transformarse de manera fundamental. Esta debería ser la recomendación más importante de cualquier comisión, pero aún no ha nacido —ni nacerá jamás— la comisión dispuesta a manejar esa papa caliente. Basta con ver lo que le hicieron al secretario general de la ONU por haber dicho esto pocos días después del desastre. Cientos de testigos comparecerán ante tal comisión y relatarán los preparativos fallidos y la inteligencia que se desvió. Esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Hablarán de las transferencias de dinero a Hamás (algo que también ocurrió antes del actual gobierno de Netanyahu) y del ejército que desapareció mientras todo ardía. Ninguna comisión preguntará: ¿qué pensaban hacer con la Franja de Gaza dentro de 10 o 20 años? Y si lo pregunta, no obtendrá respuesta. Porque Israel no tiene respuesta a esta pregunta. Y para eso, no hace falta ninguna comisión. Se puede comprender a las familias en duelo que hacen campaña para crear una comisión. ¿Qué más les queda aparte del deseo de castigar a quienes provocaron sus tragedias? Pero el movimiento de protesta debe abandonar su zona de confort: la lucha por el regreso de los rehenes y por la creación de una comisión estatal de investigación. Si realmente desea generar reparación, debe proponer con valentía un concepto alternativo, incluso a riesgo de perder parte de su apoyo. Una comisión estatal de investigación solo proporcionará más de lo mismo. En el mejor de los casos, Netanyahu se irá y Naftali Bennett tomará el relevo.

Sahara occidental

 Le mouvement de solidarité espagnol avec le peuple sahraoui a annoncé l’organisation, samedi prochain, d’une marche dans la capitale, Madrid, pour soutenir le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance.

Le militant espagnol des droits humains Manuel de la Rosa Hernandez a expliqué que cette marche «intervient cinquante ans après la signature de l’accord de Madrid, le 14 novembre 1975, qui a permis au Maroc d’occuper le Sahara occidental».

«Nous, en tant que syndicats, organisations sociales, groupes de solidarité (...) devons soutenir fermement la marche de soutien au peuple sahraoui, le samedi 15 novembre», a souligné Hernandez.

Il a ajouté que cette date «est une occasion importante de rappeler au gouvernement espagnol son engagement à soutenir toutes les initiatives politiques pour parvenir à une solution juste et durable, à travers un référendum qui permette au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’indépendance et à la souveraineté sur l’ensemble de son territoire et de ses ressources».

En parallèle, les organisateurs de cet évènement ont indiqué, dans un communiqué, que l’État espagnol, qui a occupé le territoire jusqu’en 1975, n’a pas appliqué les résolutions des Nations unies qui l’obligeaient à organiser un référendum sur l’autodétermination du peuple sahraoui, rappelant que le 14 novembre 1975, l’Espagne a contribué à la signature de l’accord tripartite illégal de Madrid et a cédé le Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie, avant que le Maroc n’en prenne le contrôle exclusif. Le communiqué précise que, selon l’ONU, l’Espagne conserve le statut juridique de puissance administrant le

Sahara occidental, tandis que le Maroc est considéré comme une puissance occupante.

colonialismo

 El colonialismo sobreviviente y una tercera guerra mundial

Luis E. Sabini Fernández

revistafuturos.noblogs.org

Un viejo y áspero aforismo chino nos recuerda que cuando el dedo señala la luna el estúpido mira el dedo.

Y así estamos, cada vez más, en nuestra sociedad del espectáculo.

Hablamos de Hamás, no del sionismo.

Hablamos de beepers y intercomunicadores, no de quienes los construyeron. Y por qué.

Hablamos del ejército israelí pulverizando ciudades enteras con su población incluida, pero no de lo que le otorgó a los militares sionistas la impunidad para fabricar escombros con mampostería y cuerpos humanos incluidos; una argamasa que a gatas podemos formular, tan atroz y fuera de todo sentimiento humano nos resulta.

Hablamos de las lanchas explotadas en alta mar en el Caribe o en el Pacífico y no del dios de la guerra que resulta tan hermanado con la modalidad american de vivir-en-el-mundo.

Todo ello nos señala un aumento de la brutalidad política, un despliegue de incontinencia y de arrogancia. Desde las cúpulas planetarias, porque en los llanos, en los marasmos, en las costas, en los suburbios, lo que aumenta es la exclusión y las víctimas.

¿Estamos en la tercera guerra mundial, tantas veces anunciada? Por lo visto, sin que la inmensa mayoría de nosotros lo sepamos y sin precisar desde cuándo.

Varias fechas pueden otorgarse esa patética y trágica efeméride.

14 mayo 1948

Entonces se “funda” el Estado de Israel. Y con ello se reactualiza el colonialismo rampante con que se iniciara la Modernidad occidental en los siglos 15 y 16.

El ciclo del colonialismo parecía clausurado con el florecimiento de la democracia “universal” en 1945. Muy pronto, se vio que el colonialismo no había desaparecido ni mucho menos, sino que había cambiado sus ropajes, rebautizado ahora neocolonialismo: la diferencia fundamental era que el viejo colonialismo, del British Empire, por ejemplo, llevaba muy orondo, por todos los mares, su bandera británica.1 Y el colonialismo remozado a partir de 1945, inauguró nuevas banderas para las colonias, para cada colonia más o menos ex. Banderas propias. Una afirmación de lo propio, pero sólo simbólicamente, en la bandera.

Así que públicamente y con grandes discursos “de emancipación y soberanía nacional” se dio por clausurado el ciclo colonial, vergonzante de abusos, robos y genocidios. Entrábamos a una era de “paz sin violencia”. Democracia para todos, o mejor dicho for everybody. Y vamos a ir viendo que todos no son todos, incluso peor, apenas resultan una minoría.

Pero, ¡oh maravillas de las políticas imperiales! Así como se continuaba con renovados bríos tecnológicos el colonialismo de un modo más artero en el “Tercer Mundo”, cambiándole hasta de nombre y habilitando así con bombos y platillos, estados nuevos, modernos y democráticos, en 1948 se inauguraban (también) estados del viejo cuño: Israel era erigido con población ajena al territorio (en un 95-98%, aunque ingresada gradualmente a lo largo de décadas) y a la vez vaciando en ese territorio más del 50% de su población histórica,2 y otro

estado de viejo cuño en 1948 cambiaba apenas su camisa: la República Sudafricana pasaba a denominarse Unión Sudafricana u establecía con toda legalidad la política de apartheid.3

No todo era neocolonial, como por ejemplo, Nigeria, Túnez o Birmania.

En la Unión Sudafricana se le reconocía a los colonizadores europeos derechos sobre tierra despojada a poblaciones africanas; zulú, kongo, luba y otras. Los europeos que habían construido la Unión Sudafricana, eran británicos, llegados al sur africano en el siglo 19, pero holandeses se habían instalado allí mismo desde comienzos del siglo 17 y, más tierra adentro reclamaban ser más “oriundos” que los británicos. En rigor, eran colonialistas exterminadores anteriores; zanjaron sus diferencias en una guerra entre blancos donde los ingleses no dudaron en exterminar a los Boers en el cambio de siglo del 19 al 20. Entender eso le costó a la ONU, unas cuantas décadas… y 27 años de cárcel a Nelson Mandela.

Por configurar el asalto sionista a Palestina una acción tipo “guerra de conquista”,4 bien se la puede considerar fecha o anuncio de “tercera guerra mundial”. Sin embargo, la inmediatez histórica a una guerra finiquitada con la destrucción de “El Eje”, en 1945, hacía poco imaginable que la humanidad se viera nuevamente envuelta en otra guerra mundial.

La posibilidad de “tercera guerra mundial” adquirirá nueva vigencia entonces cuando desaparezca el “equilibrio de las dos superpotencias” (que tuvo vigencia de 1945 a 1991).

Entonces, EE.UU., sus élites de poder, sienten ─otra vez─ llamada su hora, con el sueño de divisar el siglo 21 como “el nuevo siglo de EE.UU.”, ahora en exclusividad.5

11 setiembre 2001

Casi inmediatamente, el mundo será conmovido con el derribo de las Torres del NYC, la

implosión del Edificio 7 y el bombazo o cohetazo contra o en un lateral del Pentágono. Parece demasiado para ser todo llevado a cabo por células terroristas de origen árabe (aunque parece indudable que árabes también están en “el acontecimiento”: en el lugar de alguno de los atentados aparecieron pasaportes o documentos identificatorios de ese origen, maravillosamente enteros).

El 11 de setiembre de 2001 significó la detención inmediata y sumaria en Nueva York de tantos o más judíos e israelíes que de árabes. Centenares. Para tener en cuenta. Sin duda, con toda la violencia desplegada, ese atentado nos acercó muchísimo a una tercera guerra mundial con borroneadísimos personajes. La violencia y la ignorancia aumentan juntas. Lo que gana es la heteronomía. Sigue todavía el misterio sobre el 11 09 2001.

27 febrero 2014 o 24 febrero 2022 6

Con la expansión de la OTAN, los neoconservadores, supremacistas, tomaron nuevo viento en la camiseta, y con una craneoteca fundamentalmente sionista, la expansión se hace a costa de muchos estados excomunistas.

De modo que, de los casi 18 estados que constituían junto a Rusia, la URSS, las deserciones voluntarias de estados y sociedades exsoviéticas, ansiosas de quitarse de encima el bozal soviético (las riendas y la sobrecarga), fueron mayoría. Rusia logrará sostener una relación, supuestamente fraterna, apenas con una media docena de estados circundantes, constituyentes de la actual Federación Rusa; Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Tayikistán y Kazajstán.

Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Uzbekistán, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Chequia, abandonaron la influencia rusa antes soviética y han ingresado al llamado campo occidental, mediante la integración a la UE, desde entonces francamente agrandada.

Un país de considerables dimensiones en la escala europea; Ucrania, unos 700 000 km2 y unos 45 millones de habitantes, entregando las reservas de bombas atómicas que pertenecieran a la URSS, quedó en “tierra de nadie”. Rusia exigió mantener la neutralización de ese estado, como se había concertado cuando el colapso soviético. Pero las pretensiones hegemónicas de EE.UU., o de fuerzas en su interior (“el estado profundo”), cambiaron su posición.

Ucrania es prácticamente uno de los mayores estados constituyentes de la exURSS, y la craneoteca norteamericana, con Victoria Nuland al frente, entendió que era fruto maduro para la cosecha occidental. Por las buenas o por las… peores. Se produjo la caída de una presidencia amistosa con Rusia, y mediante movilizaciones violentas que dejaron un tendal de decenas de muertos, se estableció finalmente un gobierno más afín a “Occidente”.

El “giro de los acontecimientos” se hizo cada vez más antirruso; supresión de textos y cursos en idioma ruso, cuando hay una considerable porción de población rusófona, hostigamiento incluso violento a “los rusos”, que probablemente también respondían a “viejas cuentas pendientes”. Surgió una contrarresistencia de los sectores rusófonos de Ucrania, inmediatamente apoyada por Rusia. Al punto que algunas gobernaciones o municipalidades entraron a desobedecer al gobierno ucraniano (los municipios de Donetz y Lugansk, la península de Crimea) y finalmente, para impedir la inclusión de Ucrania en la UE, Rusia, al mando de Vladimir Putin ─aunque con muchas advertencias─ invade al mejor estilo clásico, el país. La reacción militar había tardado 8 años.

Otro escenario posible de comienzo de tercera guerra mundial, aunque se perciban a la vez esfuerzos para conjurar semejante desenlace.

7 octubre 2023

Como si ya no tuviéramos suficientes casus belli, el 7 octubre 2023 surgió una situación que otra vez nos puso, nos pone, a las puertas de la ya trajinada tercera guerra mundial. Como que hay ganas de llevarla a fondo, porque a mucha gente, lo que más la intranquiliza y llena de insatisfacción, es la indefinición.

Lo que sobreviene ─está sobreviniendo─ es nada menos que un genocidio que cumple todos los requisitos que desde Raphael Lemkin ─el forjador del término y su sentido─ se consideran básicos. Es un genocidio de manual. Y viene con firma. Orgullosamente. Del sionismo, de gobernantes orgullosamente sionistas. Aunque los medios de incomunicación de masas se han apresurado a pintar el cuadro de situación como un ataque artero de irregulares musulmanes ─Hamás─, la verdad es muy otra.

No estábamos en el mejor de los mundos cuando Hamás desencadena su raid mortal. Es todo lo contrario. Edward Said describió la situación de Gaza en 2002 (muere en 2003 y por lo tanto no alcanza a testimoniar el brutal agravamiento de las condiciones que él describiera, cuando en 2006 Israel encierra a la Franja de Gaza por aire, mar y tierra, agravando lo indecible la ceñida descripción de Said: “Gaza está rodeada por una cerca electrificada por tres lados, aprisionados como animales, los gazatíes están imposibilitados de moverse, de trabajar, de vender sus verduras o frutas, imposibilitados de ir a la escuela. Expuestos todo el día a aviones y helicópteros, baleados como si se tratara de pavos de corral, tanto desde el aire como desde tierra. Empobrecidos y hambreados, Gaza es una especie de pesadilla […] con miles de soldados dedicados a la humillación, el castigo y al debilitamiento de cada palestino, sin importar su edad, su sexo, su salud. La atención médica no entra al territorio, a las ambulancias se les dispara o se las detiene. Cientos de viviendas son demolidas y cientos

de miles de árboles frutales son destruidos, así como al suelo arado, castigos colectivos contra población civil y desarmada […]”.7

Veinte años después, el torniquete no sólo no había cedido un ápice sino que todo se había ido deteriorando y agravando. Todavía más. Ya no hay verduras o frutas en la otrora vigorosa agricultura gazatí, saboteada de mil maneras.

Israel se sintió maltratado por los palestinos, por Hamás, en 2023. Se sintió atacado. Fue atacado. Le pareció horrible lo que los irregulares habían hecho incursionando con bicicletas, parapentes, excavadoras y motos. Que un aluvión de agresión y violencia se había abatido sobre ellos.

Pero ¿qué pretendían? Como bien explica Enzo Traverso8 “el discurso dominante sobre el 7 de octubre fue como el brote de una epifanía negativa, la súbita aparición del Mal que desencadenó una guerra de reparación. El 7 de octubre, Israel puso el contador a cero, como si los sucesos de ese día fueran la única causa de la tragedia.”

Como si todo lo que le estaba haciendo Israel a Palestina y a Gaza en particular no existiera. Israel y todo el aparato mediático bajo su influencia asignó a cada uno “su” papel: ya sabemos el que le cupo a Hamás; el de perpetrador y ¡oh, sorpresa!, a Israel le cupo, una vez más, el de víctima. El discurso dominante; patética inversión de la verdad histórica. El ofensor se siente ofendido; el torturador, torturado; quien dispone de vidas y haciendas ajenas, víctima.

Pero la realidad es tozuda. Y la fluidez mediática actual, como ya dijimos, le arrebata al poder constituido la clásica disposición de casi todas las cartas.

Hemos visto la reacción de buena parte de judíos, sobre todo jóvenes, rompiendo con “las verdades consagradas”; la resistencia a creer que Israel es la víctima-de-todo.

El papel de Israel en el mundo es tan pero tan conmocionante, y aterrador, que estamos viendo como en Europa y Asia, pero sobre todo en EE.UU., los reclamos por la verdad y el rechazo de “las verdades oficiales” está tomando cuerpo.

Un periodista derechoso, trumpista, pero ávido de conocer la verdad y no los espejismos ─Tucker Carlson─ está empeñado en remover la basura mediática que nos inunda cada día. Está, por ejemplo, al frente de un movimiento, una movida, para reanalizar los asesinatos de los Kennedy, cuando ha pasado ya más de medio siglo (y tras ello, inevitablemente sobrevendrá una necesidad de verdad también ante los “acontecimientos” del 2001… más de tres mil muertos están allí esperando).

La “viveza” israelí se ve, por ejemplo, en GHF; la institución creada para “alimentar” gazatíes: reparten en 4 locales que obliga a caminatas de 5 o 10 km para recibir balas, fideos, arroz. Literalmente. Y sin agua, un detalle de sadismo ejemplar, en clima seco.

Por Gaza, y por toda Palestina, campea la impunidad impúdica, como la de esas oficiales femeninas israelíes acicalándose delante de edificios derruidos a bombazos. Tanta abyección.□

USA

el endeble pretexto moral es la lucha contra las drogas, sin embargo el objetivo real es derrocar a un gobierno soberano, y el daño colateral es el sufrimiento del pueblo venezolano. Si esto suena familiar, es porque lo es.

Jeffrey D. Sachs & Sybil Fares, Common Dreams, 4-11-2025

Traducido par Tlaxcala

USA está desempolvando su viejo manual de cambio de régimen en Venezuela. Aunque el eslogan ha pasado de «restaurar la democracia» a «combatir a los narco-terroristas», el objetivo sigue siendo el mismo: el control del petróleo venezolano. Los métodos seguidos por USA son familiares: sanciones que estrangulan la economía, amenazas de fuerza y una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza del presidente venezolano Nicolás Maduro, como si esto fuera el Lejano Oeste.

Carlos Latuff

USA es adicto a la guerra. Con el cambio de nombre del Department of War [ministerio de la Guerra], un presupuesto propuesto para el Pentágono de 1,01 billones de dólares, y más de 750 bases militares en alrededor de 80 países, esta no es una nación que busque la paz. Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha sido un objetivo persistente de los intentos usamericanos de cambio de régimen. El motivo, que el presidente Donald Trump dejó claramente expuesto, son los aproximadamente 300 mil millones de barriles de reservas de petróleo bajo la franja del Orinoco, las mayores reservas petroleras del planeta.

En 2023, Trump declaró abiertamente: «Cuando me fui, Venezuela estaba lista para colapsar. La habríamos tomado, habríamos conseguido todo ese petróleo… pero ahora estamos comprando petróleo de Venezuela, así que estamos haciendo a un dictador muy rico.» Sus palabras revelan la lógica subyacente de la política exterior yanqui, que muestra un completo desprecio por la soberanía y favorece en cambio la apropiación de los recursos de otros países.

Lo que está en marcha hoy es una operación típica de cambio de régimen dirigida por USA, revestida con el lenguaje de la interdicción antidrogas. USA ha concentrado miles de tropas, buques de guerra y aeronaves en el mar Caribe y el océano Pacífico. El presidente ha autorizado con orgullo a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Las llamadas del gobierno usamericano a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la vida humana.

El 26 de octubre de 2025, el senador Lindsey Graham (Republicano, Carolina del Sur) apareció en televisión nacional para defender recientes ataques militares usamericanos contra buques venezolanos y para decir que ataques terrestres dentro de Venezuela y Colombia son una «posibilidad real». El senador por Florida Rick Scott, en el mismo ciclo informativo, reflexionó que si él fuera Nicolás Maduro «se iría a Rusia o China ahora mismo». Estos senadores pretenden normalizar la idea de que Washington decide quién gobierna Venezuela y qué sucede con su petróleo. Recuerde que Graham de modo similar defiende que USA luche contra Rusia en Ucrania para asegurar los 10 billones de dólares en riquezas minerales que Graham afirma, de manera fatua, que están disponibles para que USA las tome.

Tampoco son los movimientos de Trump una historia nueva respecto a Venezuela. Durante más de 20 años, administraciones usamericanas sucesivas han intentado someter la política interna de Venezuela a la voluntad de Washington. En abril de 2002, un golpe de Estado militar de corta duración depuso brevemente al entonces presidente Hugo Chávez. La CIA conocía los detalles del golpe por adelantado, y USA reconoció inmediatamente al nuevo gobierno. Al final, Chávez retomó el poder. Sin embargo, USA no puso fin a su apoyo al cambio de régimen.

En marzo de 2015, Barack Obama codificó una notable ficción legal. Firmó la Orden Ejecutiva 13692, declarando la situación política interna de Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de USA para activar sanciones económicas gringas. Ese movimiento preparó el terreno para una coerción creciente por parte de USA. La Casa Blanca ha sostenido esa afirmación de una «emergencia nacional» usamericana desde entonces. Trump añadió sanciones económicas cada vez más draconianas durante su primer mandato. Asombrosamente, en enero de 2019, Trump declaró a Juan Guaidó, entonces una figura de la oposición, «presidente interino» de Venezuela, como si Trump pudiera simplemente nombrar a un nuevo presidente venezolano. Esta tragicomedia grencha acabó desmoronándose en 2023, cuando USA abandonó esta maniobra fracasada y ridícula.

USA ahora está iniciando un nuevo capítulo de apropiación de recursos. Trump ha sido durante mucho tiempo vocal acerca de «quedarse con el petróleo». En 2019, al hablar de Siria, el presidente Trump dijo: «Nos estamos quedando con el petróleo, tenemos el petróleo, el petróleo está asegurado, dejamos tropas únicamente por el petróleo.» Para los que lo dudan, las tropas usamericanas aún permanecen hoy en el noreste de Siria, ocupando los campos petroleros. Antes, en 2016, sobre el petróleo de Irak, Trump dijo: «Yo decía esto constantemente y de forma consistente a quien quisiera escuchar, decía quédense con el petróleo, quédense con el petróleo, quédense con el petróleo, no dejen que alguien más lo consiga.»

Ahora, con nuevos ataques militares a buques venezolanos y conversaciones abiertas sobre ataques terrestres, la administración invoca los narcóticos para justificar el cambio de régimen. Sin embargo, el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente «la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Ninguna teoría gringa de «guerras de cárteles» justifica remotamente un cambio de régimen coercitivo.

Incluso antes de las incursiones militares, las sanciones coercitivas usamericanas han funcionado como un ariete de asedio. Obama construyó el marco de sanciones en 2015, y Trump lo convirtió en un arma aún más potente para derrocar a Maduro. La afirmación era que la «presión máxima» empoderaría a los venezolanos. En la práctica, las sanciones han causado un sufrimiento generalizado. Como encontró el economista y renombrado experto en sanciones Francisco Rodríguez en su estudio sobre las «Consecuencias humanas de las sanciones económicas», el resultado de las medidas coercitivas usamericanas ha sido una caída catastrófica del nivel de vida en Venezuela, un empeoramiento marcado de la salud y la nutrición, y un daño grave a las poblaciones vulnerables.

El endeble pretexto moral hoy es la lucha contra las drogas, sin embargo el objetivo real es derrocar a un gobierno soberano, y el daño colateral es el sufrimiento del pueblo venezolano. Si esto suena familiar, es porque USA ha emprendido repetidamente operaciones de cambio de régimen en busca de petróleo, uranio, plantaciones de banano, rutas de oleoductos y otros recursos: Irán (1953), Guatemala (1954), Congo (1960), Chile (1973), Irak (2003), Haití (2004), Siria (2011), Libia (2011) y Ucrania (2014), por nombrar solo algunos casos. Ahora Venezuela está en el escaparate.

En su brillante libro Covert Regime Change (2017), la profesora Lindsey O’Rourke detalla las maquinaciones, los reveses y los desastres de no menos de 64 operaciones encubiertas usamericanas de cambio de régimen durante los años 1947-1989. ¡Ella se centró en ese período anterior porque muchos documentos clave de esa época ya han sido desclasificados! Trágicamente, el patrón de una política exterior usamericana basada en operaciones de cambio de régimen encubiertas (y no tan encubiertas) continúa hasta el día de hoy.

Las llamadas del gobierno de Washington a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la vida humana. Una guerra contra Venezuela sería una guerra que los ciudadanos de USA no quieren, contra un país que no ha amenazado ni atacado a USA, y sobre fundamentos legales que fracasarían ante un estudiante de primer año de Derecho. Bombardear buques, puertos, refinerías o soldados no es una demostración de fuerza. Es puro y simple hampa.

AGUA!

 Agua para Montevideo 

SITUACIÓN ACTUAL 

El sistema metropolitano de abastecimiento de agua, tiene capacidad de potabilizar diariamente 700.000m3 y tiene en Paso Severino, en base a una cuenca de más de 2.500Km2, reservas suficientes para satisfacer la demanda actual de 600.000m3 diarios por más de 100 días, reserva que se incrementa en 20 días con la reserva del Canelón Grande. En 2020 por iniciativa privada se planteó la posibilidad de sumar otra potabilizadora para incrementar la capacidad de potabilización en 200.000m3 diarios. 

Esa instalación que primero se planteó en Arazatí, con un costo superior a los 900.000.000 de dólares ahora se planifica para ser realizada en la zona de la actual planta potabilizadora de Aguas Corrientes. También se ha planteado la necesidad de incrementar las reservas del sistema, con una nueva represa sobre el arroyo Casupá cuya cuenca no llega a los 700Km2 Los planes para estas obras que incluyen pagos por disponibilidad y mantenimiento, además de préstamos internacionales costarán por lo menos 700 millones de dólares Falacias 

Las bases para impulsar esas multimillonarias obras son dos falacias que no por ser repetidas más de mil veces se convertirán en realidades. La primera es que: OSE pierde el 50% del agua que potabiliza Esa frase ha sido repetida por los miembros de los sucesivos directorios de OSE desde hace décadas. Esa vergonzosa aseveración calmadamente aceptada por todos, sólo es parcialmente cierta para el sistema de Montevideo, en el que OSE deja de facturar 66% del agua que potabiliza. En el resto del país las pérdidas son del orden del 30% La segunda es que: Montevideo CONSUME 600.000m3 de agua diarios 

El sistema metropolitano no consume ese volumen de agua. De acuerdo con informes de Naciones Unidas el consumo humano es del orden de 130 litros por día y en Uruguay la URSEA cuantifica el consumo diario entre 90 y 150 litros por día. Siendo 1.8 millones los usuarios del sistema metropolitano, el consumo del sistema no debiera superar 270.000m3 diarios y si asumimos un nivel de pérdidas como el del resto de los sistemas de OSE la demanda del sistema no podría superar los 380.000 metros cúbicos diarios.

Agua para Montevideo, una iniciativa racional

Para reducir las injustificables pérdidas del sistema metropolitano y alinear la demanda al consumo real, racionalizando el sistema, no se necesitan ni nuevas potabilizadoras ni incrementar las reservas con nuevas represas

Lo que es imprescindible es invertir en la mejora y control de las redes. Ose tiene desde hace veinte años un programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) para realizar esta tarea. Aun así, en 2021 el Directorio de OSE aceptó, contrariando los informes técnicos del organismo, una “iniciativa privada” que propuso realizar a un costo de casi cuatrocientos millones de dólares lo que corresponde haga el programa RANC, cuyo presupuesto nunca estuvo a la altura de las necesidades.

 La propuesta de MOVUS para la reducción de las “pérdidas” del sistema, pasa por sectorizar la red de distribución y establecer en cada sector la medición general automática y en tiempo real. Eso posibilitaría detectar de inmediato pérdidas y poder evaluar en cada ramal las diferencias entre el agua ingresada en el sector y la suma del agua facturada en el mismo. 

Ante la detección de diferencias entre la medición y facturación se plantea la revisión sectorial intensiva de la red mediante inspecciones, utilizando entre otras la tecnología del georradar para detectar pérdidas subterráneas e incluso posibles conexiones carentes de medición. A posteriori se debiera procurar de llevar los sistemas automáticos de medición a los usuarios finales, un esquema similar el desarrollado para los sistemas de medición de UTE. 

La iniciativa privada de 2021, que pretende hacer tareas ya definidas por OSE, plantea un costo anual de 39.6 millones de dólares anuales por 10 años, nominalmente 396 millones de dólares, que con reajustes e intereses se verían sensiblemente incrementados. La reducción de pérdidas tiene efectos inmediatos en la reducción de la demanda de agua al río Santa Lucía, disminuyendo el costo de potabilización. Por otra parte el control de la red incrementa la facturación. 

La conjunción de esos dos factores mejoraría la situación económica y financiera de OSE y permite inferir que el programa RANC del organismo podría autofinanciarse después de los primeros 4 o 5 años de un horizonte de operación de 10. Además de los efectos económicos, reducir la demanda tiene un impacto positivo sobre el ambiente, al reducir el uso de las sustancias químicas que se utilizan en el proceso de potabilización y generar menores volúmenes de lodos contaminados. Alinear demanda y consumo permitiría reducir en más de 35% el volumen de agua que se extrae del Rio Santa Lucía, lo que desde el punto de vista operativo implica que la reserva de Paso Severino, hoy suficiente para 110 días, sería suficiente para 170 días, algo más de 200 si sumamos Canelón Grande.

CONCLUSIÓN El programa de OSE de reducción de agua no contabilizada es la mejor inversión de esfuerzo y dinero, la más rentable y la ambientalmente más positiva. Una nueva potabilizadora, que hoy no se necesita y que no se justifica al hacerse junto a la actual, es un despilfarro que no podemos permitirnos. El hecho de que exista un contrato firmado entre OSE e “Infraestructura Arazatí SA”, que se reconoce tiene cláusulas ilegales, lejos de justificar u obligar al Estado lo libera de la mala decisión anterior Hacer una nueva potabilizadora en Aguas Corrientes ni siquiera contempla las recomendaciones de incrementar la seguridad del abastecimiento agregando capacidad potabilizadora distribuida. La primera prioridad debe ser la de que el sistema funcione eficientemente, haciendo uso racional y justificado del agua. 

Es sobre esa base que se debe plantear cualquier futuro desarrollo. Es irracional pagar cientos de millones de dólares, que no tenemos, para agregar agua a un sistema que pierde al menos el 40% del agua que procesa y sólo factura le mitad de lo teóricamente se consume. Esto cobra más importancia cuando la justificación para construir ahora una nueva potabilizadora es un supuesto incremento demográfico hacia 2045.

 No se justifica generar ahora una nueva reserva de agua, con los costos e inconvenientes que conlleva todo nuevo embalse. Racionalizando el consumo del sistema, las actuales reservas de Paso Severino y Canelón Grande serían suficientes para cubrir la demanda por un lapso similar al que se propone alcanzar, con la demanda actual, sumando Casupá.

Las ejecución del plan RANC para alinear la demanda al consumo y el consumo a la facturación, tienen la ventaja de que su ejecución genera beneficios inmediatos. Se incrementa la seguridad y resiliencia del sistema, reduciendo los costos e incrementando la facturación al punto que el plan se puede autofinanciar con la combinación de incremento de facturación y reducción de costos con grandes beneficios ambientales. 

MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable) Noviembre de 2025.