“Cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas» (art 6. Ley 17.283). Tal el principio de precaución cuya aplicación eluden gobierno y empresas asegurando que no existe daño en el mar
Isabel Sans
En momentos en que el buque BGP Prospector está por llegar a Montevideo para una inminente reanudación del bombardeo sísmico del mar uruguayo, se realizó ayer miércoles 18 de noviembre la audiencia de testigos para la eventual detención de la exploración petrolera por los riesgos que implica para la vida en el océano.
Contratado por CGG Viridien, el Prospector trabajó en marzo y abril en el bloque OFF 1 (costa afuera), y tiene autorizado también el OFF 4. Al mismo tiempo, avanza el proceso de evaluación de impacto ambiental para un pozo petrolero de la compañía APA en el bloque OFF 6.
La acción legal promovida por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y Socobioma (Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad Maldonado) fue iniciada hace un año y ha sufrido numerosas dilaciones. Se trata de una medida cautelar para evitar perjuicios mientras se procesa el juicio principal por la nulidad de los contratos de ANCAP con numerosas empresas petroleras internacionales.
El próximo martes 24 a las 16 horas se presentarán los alegatos por escrito.
Numerosos países han prohibido o declarado moratorias en la exploración petrolera: España, Francia, Dinamarca y Groenlandia, Belice e Irlanda. Otros países han resguardado con medidas judiciales o áreas protegidas determinados sitios: por ejemplo, la Antártida, Sudáfrica, Australia. En el caso de Uruguay la legislación lo habilita.
Esta audiencia de testigos tuvo lugar en el Juzgado Civil de 7° turno, a cargo de la jueza Virginia Ginares, en la Sala Constitución de la República, y se extendió sin cortes durante 7 horas. El abogado Pedro Riera, representante legal de las organizaciones demandantes, llamó a tres científicos uruguayos a exponer sus conocimientos en la materia. A su vez, testificaron cuatro funcionarios del Ministerio de Ambiente (MA) y el director de la consultora ambiental EIA, contratada por las petroleras,
Los abogados y abogadas de las empresas petroleras constituyeron un bloque de veinte profesionales que, junto con las tres abogadas de ANCAP, se unieron para obstaculizar el testimonio de los investigadores convocados por las organizaciones sociales. Insistieron en circunscribir el caso de daños potenciales a la prospección de 2026, impidiendo informar sobre la experiencia uruguaya de años anteriores.
Según su postura, solo debió admitirse la información “testimonial” referida a daños por la sísmica del año en curso, y no la opinión “pericial” o conjunto de conocimientos generados en Uruguay en años de investigación.

Los científicos citados fueron Paula Laporta, Javier Sánchez Tellechea y Daniel Gilardoni. Sus testimonios fueron cuestionados por el bloque empresarial porque no participaron personalmente en la sísmica 2026. Los funcionarios del MA, Rosario Lucas, Marisa Hutton y Mariana Ríos, tampoco estuvieron a bordo del Prospector, pero no se observó esta cuestión. Y el ingeniero Carlos de María, de la consultora ambiental EIA, tampoco se embarcó.
Solo el testigo Pablo Maneiro, inspector, estuvo en dos ocasiones, por tres días, a bordo del buque de sísmica, al cabo de maniobras de abordaje cuidadosamente coordinadas con la empresa. En los días en que estuvo a bordo, se observaron más avistamientos que en los días previos o posteriores. Los restantes funcionarios realizaron controles a partir de la información enviada por los observadores a bordo, contratados por la empresa.
Según todos los funcionarios del MA, se comprobó el cumplimiento de los protocolos indicados. Protocolos que elaboraron, no en función de una experiencia propia –el MA no realiza estudios independientes– sino siguiendo las medidas “más exigentes” que utilizan las empresas sísmicas a nivel mundial. La actividad fue clasificada como «C», que corresponde a casos con potenciales impactos negativos significativos.
Las medidas consistieron en incluir observadores visuales de día y operadores acústicos por la noche, detener la actividad si se visualizaban ejemplares de fauna marina a una distancia menor a 1.000 metros del barco y el comienzo progresivo de los disparos para espantar a los animales. El permiso se otorgó solo entre noviembre y abril por posible afectación a la reproducción de la merluza en los meses restantes.
Lo invisible en el mar
Los observadores de fauna trabajan en cubierta con binoculares, los operadores acústicos usan detectores sonoros de la empresa (el MA no tiene equipos para evaluar su funcionamiento). Puede haber animales en superficie o buceando y estos observadores no detectarlos. En cubierta, si la visibilidad es reducida, no se puede observar. La detección acústica solo funciona cuando un animal emite sonido, si no lo hace no se detecta. No es posible saber qué animales se encuentran en la columna de agua debajo y alrededor del buque si ellos no aparecen en superficie o no emiten sonido. Tampoco es posible saber de animales pequeños.

Línea de Base: no hay
Una herramienta fundamental para el cuidado ambiental es la Línea de Base: poseer un diagnóstico inicial del estado de la flora, fauna, hábitats y procesos ecológicos de un área o sistema antes de que ocurra una intervención o cambio. Marca el punto de partida u «hora cero» para medir cómo evoluciona o se ve afectada la biodiversidad.
La Línea de Base suele incluir un inventario de especies de flora y fauna, datos sobre cuántas especies hay y dónde se ubican, descripción de los ecosistemas, servicios ecosistémicos, estado de amenaza o conservación de las especies, y variables claras y replicables para comparar con futuros monitoreos.
En Uruguay estos estudios nunca se hicieron. Los primeros relevamientos se realizaron después de la sísmica de 2012/2017, cuando ya sea había hecho una intervención fuerte en el ecosistema. Se ha ido reuniendo información respecto a la vida en el mar uruguayo, pero no hay modo de comparar la situación anterior a la sísmica con la realidad actual, ni la actualidad con cualquier futuro.
Daños acumulativos
Cuando se refirieron a los daños acumulativos, los funcionarios hablaron de que luego de realizada sísmica en un sitio, por cinco años no se puede volver a hacer, y que los buques sísmicos no pueden trabajar a menos de 100 km de distancia unos de otros.
Sin embargo, no se estudió si las zonas autorizadas ahora se superponen con la exploración anterior. No se realizaron investigaciones sobre el deterioro acumulativo con la sísmica antes realizada, ni en relación a las superficies linderas de Argentina o Brasil, o la superposición de efectos por el tránsito de buques de carga, sobrepesca, cables submarinos o dragados.

Imposible descartar la causa
En los últimos años se ha venido haciendo un seguimiento de los animales varados en las costas por parte de voluntarios y organizaciones con colaboradores honorarios sin que esto sea sistemático, sino que responde a lo que se observa de manera casual. No existe hasta el presente un protocolo oficial de actuación sistemática para esta tarea.
A fines de 2023 se formalizó un Grupo de Trabajo en Varamientos de fauna marina. Al inicio de la sísmica el MA comprometió a la empresa a aportar 60.000 dólares para realizar esta tarea. Con esto se financiaron algunos contratos y gastos, aumentó el número de registros, pero la actividad sigue sin ser permanente y exhaustiva.
De los animales hallados en 2026, pocos pudieron trasladarse para una necropsia. En los que llegaron a la Facultad de Veterinaria no pudo encontrarse una correspondencia entre muerte y sísmica, pero ninguno de esos animales llegó en condiciones para esa tarea, o sea con menos de tres horas de muertos.
Esas muertes no pueden atribuirse con seguridad a la sísmica pero, con tales carencias de estudio, esa causa tampoco puede ser descartada. Y ante la posibilidad del daño es que debe aplicarse el principio de precaución.
En el buque sólo se registró un pez muerto enganchado a los cables, un mola mola, pez luna, uno de los peces óseos más pesados, que tiene poca movilidad.
Los testigos cuestionados
Paula Laporta es Magíster en Oceanografía biológica, integrante del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad de la República (Udelar) y responsable de Yaqu Pacha Uruguay; con experiencia en investigación en el buque Oyarvide de las Fuerzas Armadas (años 2000) y Aldebarán de la Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 2013), y observadora de fauna marina en la anterior campaña de sísmica de ANCAP.
Javier Sánchez Tellechea, es doctorado en Ciencias Biológicas, docente Instituto Ciencias Oceánicas Udelar, con experiencia de trabajo con empresas petroleras en Francia como observador acústico. Especialista en acústica submarina.
Daniel Gilardoni, es Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, ex director de la Dirección Nacional Recursos Acuáticos (Dinara) del MGAP. Gilardoni advirtió sobre el peligro de mortalidad de huevos y larvas, que no tienen movilidad. Señaló que no se quiere discutir sobre el fondo, que es un efecto gravísimo en el futuro y no se cuentan los efectos acumulativos. Consideró que los daños van a ser irreversibles.
Estos testigos son autores del informe “Efectos de la prospección sísmica en la biota marina y su potencial impacto en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay”, junto con Cecilia Alonso, Omar Defeo, Ofelia Gutiérrez, Mauricio Lima y Daniel Panario (2026). (Documento abreviado, preparado para Costa Viva Rocha. https://afavordelmar.org/Efectos.pdf)




