DEFENSORÍA DEL VECINO PRESENTA HOY UN INFORME SOBRE FINCAS ABANDONADAS
Hay más de 46.000 casas abandonadas
Mientras hay miles de personas que no pueden acceder a una casa, en Uruguay existen 252.400 viviendas desocupadas, 46.000 de las cuales se encuentran en Montevideo. Esto genera múltiples perjuicios; entre ellos, inseguridad.
ANDRÉS LÓPEZ REILLYjue jul 31 2014
El censo de 2011 reveló que la cantidad de viviendas vacías aumentó en Montevideo, pero el fenómeno existe en todo el país. El Frente Amplio no ha logrado alcanzar un acuerdo para abordar este problema, mientras miles de personas no logran acceder a una casa propia.
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Tras conocerse los datos del censo, el edil Pablo González propuso gravar a las viviendas desocupadas que están en condiciones de ser habitadas, transformándose así en el primer legislador departamental en presentar una propuesta para crear un nuevo impuesto en Montevideo. Su propuesta no prosperó.
González renunció en las últimas horas a su banca en la Junta Departamental, para hacer campaña política junto a su líder sectorial, Raúl Sendic.
Hoy, la Defensoría del Vecino de Montevideo presentará un nuevo informe sobre fincas abandonadas, que revela los datos de una realidad y un problema con muchas aristas. La presentación será a las 9:30, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en 25 de Mayo 520.
Según el documento, al que accedió El País, existen 252.400 viviendas desocupadas en todo el Uruguay, 46.000 de las cuales se encuentran en Montevideo.
El abandono de inmuebles por parte de sus propietarios, y por tanto los responsables de su mantenimiento, es un reclamo que comenzó a surgir fuertemente en la Defensoría del Vecino en el segundo semestre del año 2009, especialmente vinculado al tema de la inseguridad y la salubridad pública. Entonces recogió el guante el exdefensor del vecino, Fernando Rodríguez, y actualmente continúa haciendo foco en el problema quien lo sustituyó en el cargo, Ana Agostino.
Perjuicios.
El aprendizaje colectivo desde la intervención directa en algunas situaciones puntuales (ex Comaec, Edificio Varela, Saedu, ex Hotel Casino, etc.), permitió a la Defensoría del Vecino avanzar en el análisis de las situaciones de fincas abandonadas, según la vulneración de los derechos de distintos grupos de ciudadanos.
Entre otras cosas, se ha comprobado que el deterioro acumulativo de las casas abandonadas causa perjuicios a padrones linderos, por el pasaje de humedades, filtraciones y rajaduras, muchas veces sin que exista un propietario en condiciones de hacerse responsable y remediar los perjuicios ocasionados.
La ocupación de inmuebles abandonados también suele involucrar a personas que desarrollan actividades delictivas, lo que agrega un problema de inseguridad con el que pasan a convivir los vecinos. Este fue el caso, por ejemplo, de la exmutualista Comaec, de Bulevar Artigas y Maldonado, cuyo edificio terminó siendo demolido.
Las condiciones de inhabitabilidad edilicia e insalubridad de estas fincas, por carencia de luz eléctrica, agua potable y cañerías de desagüe obstruidas, lejos de inhibir las ocupaciones ilegales, deriva en una profundización de esas condiciones hacia la instalación de focos insalubres por acumulación de grandes cantidades de basura, presencia de perros y eventual ataque a transeúntes. También se constata alta peligrosidad por conexiones caseras a los cables de alta tensión para obtener luz eléctrica, robos a casas vecinas para obtener agua potable y riesgo de incendios.
"La instalación de un foco insalubre invade fincas vecinas con olores nauseabundos permanentes, aguas y excrementos humanos estancados, cuando no de insectos y roedores poniendo en peligro la salubridad pública", señala el informe de la Defensoría del Vecino.
"La instalación de esta problemática, de alta visibilidad además, y que perdura por períodos de varias décadas por lo general, `atrapa` a vecinos del entorno en sus viviendas reduciendo el libre uso y goce de las mismas por la invasión de olores e insectos por sus ventanas, lo que requiere mantenerlas cerradas", indica el informe.
"Esto también inhibe el tránsito en el espacio público vecinal, por instalación de actividades que dificultan la convivencia en las aceras (basura, hurtos, mascotas atadas, provocaciones o amenazas, etc.); e imposibilita el cambio de domicilio por la desvalorización de la vivienda propia", agrega.
Las cifras.
El informe incluye datos aportados en una comparecencia al Parlamento por el director de la Unidad Estudios y Planificación del Ministerio de Vivienda, Juan Carlos Fortuna.
La fuente de datos manejada, en cuanto a números, es el Censo de Población 2011, aunque se admite que "no se tiene información de ingresos, ni de estado de conservación de la vivienda ocupada".
El censo indicó que hay 252.400 viviendas desocupadas en el país, en las que no vive nadie. El encuestador fue, volvió, tuvo tiempo y se informó por los vecinos, que le dijeron: "Ahí no vive nadie". De estas viviendas, el 53% son de uso temporal para fines de semana, vacaciones, etcétera. En Montevideo, ese porcentaje es un poco menor: alrededor del 20%.
"En el país hay un 15% de viviendas desocupadas, pero que estaban en alquiler. En Montevideo, el porcentaje es un poco mayor; obviamente, aquí el mercado inmobiliario es mucho más dinámico: 29% o 30% de esas viviendas desocupadas tenían algún cartelito de `alquiler`. Es decir: están en el stock, pero en algún momento se van a ocupar", explicó Fortuna.
A su vez, indicó que hay un 9% de viviendas en construcción en todo el país y 13,4% en Montevideo.
Deudas, juicios y títulos
El abandono de una finca siempre acarrea deudas de gran porte con varios organismos, entre los cuales la Intendencia pasa a ser uno de los principales acreedores, no pudiendo resolver la ejecución del bien muchas veces por problemas en la titulación.
"En muchas situaciones la información dominial no es clara, pero en otras el abandono es fruto de la especulación de quienes se creen exentos de cumplir con los deberes que implica la propiedad privada", señala el informe de la Defensoría del Vecino que será presentado esta mañana.
La complejidad de la situación dominial de estas propiedades, que provoca el estancamiento de la posibilidad de solución definitiva por la falta de responsables ubicables (sociedades anónimas, sucesiones familiares y herencias estancadas, etc.), deriva en el mejor de los casos en el nombramiento de síndicos, por parte del Poder Judicial, como responsables por ese bien.
Muchos casos de ocupaciones, como la de la excooperativa Comaec de Bulevar Artigas y Maldonado, o la del edificio Royal de Andes y 18 de Julio, están marcadas por fuertes deudas y disputas legales que, por las características del Estado uruguayo, lleva años poder despejar.
PROYECTOS POLÍTICOS Y REALIDADES
Hace algunos años la Cátedra de Sociología Urbana de la Facultad de Arquitectura identificó la existencia de 133 hectáreas de suelo vacante en 26 barrios "intermedios" como ser Cordón, Aguada, Goes, La Comercial, Brazo Oriental, Arroyo Seco, Bella Vista y Capurro, entre otros.
Esto indica que se podrían reubicar unas 32.500 personas en zonas con todos los servicios y equipamientos urbanos, situación que evitaría, además, que la ciudad continúe expandiéndose horizontalmente, con la inversión que eso conlleva por el acondicionamiento de nuevos terrenos.
Los diputados nacionales Mauricio Guarinoni y Alfredo Asti elaboraron un proyecto para abordar el tema de los inmuebles abandonados, que es recogido en el informe elaborado por la Defensoría del Vecino. A nivel departamental, el edil Pablo González (también del Frente Amplio) propuso en 2011 gravar las viviendas desocupadas que están en condiciones de ser habitadas.
González entiende que estos casos -en los que el propietario no ocupa ni arrienda la propiedad- colaboran además con "el alza de los precios de los alquileres".
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